Resumen
La nulidad electoral de la elección de Jorge Arenas Pérez en la Asamblea de Santander desvela irregularidades administrativas y políticas, donde la legalidad resulta opcional y los responsables evaden sus responsabilidades. La situación podría costarles sus puestos a 13 diputados.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Por: Oscar Jahir Hernández Rugeles
La reciente sentencia de nulidad electoral de la Sección Quinta del Consejo de Estado (167-272 de 2024), emitida en respuesta a la demanda interpuesta por el abogado Óscar Javier Arias Ferreira contra la elección de Jorge Arenas Pérez como secretario general de la Asamblea Departamental de Santander, no es solo un análisis jurídico. Es una ventana abierta a las complejidades administrativas y políticas que siguen latiendo al interior de esa corporación.
Otro capítulo que bien podría titularse: “Cómo sobrevivir a la torcedura de la ley sin morir en el intento”. La sentencia detalla lo que ya muchos han denunciado: la legalidad aquí no es un principio, sino un accesorio opcional. ¿Inconsistencias en los procesos? Claro. ¿Falta de supervisión? Por supuesto. ¿Responsabilidades claras? Bueno, ahí es donde empieza el espectáculo. Porque, como siempre, cuando llega el momento de rendir cuentas, las respuestas se pierden en un laberinto de tecnicismos y burocracia que nadie parece interesado en desentrañar. Pero lo más indignante no es la sentencia en sí, sino lo que ocurre después.
Cuando estos desastres se hacen públicos, los responsables no solo evaden su culpa, sino que se engallan para atacar y ofenden a quienes les advierten de sus errores, en lugar de asumir con entereza las consecuencias de su ignorancia. Ya lo había advertido en una columna pasada: si la segunda instancia dejaba en firme la nulidad de la elección de Arenas Pérez, 13 diputados podrían perder su investidura. Hoy me reafirmo en esa posición, y estoy seguro de que, durante diciembre y enero, quienes tengan posibilidades de ascender estarán redactando las demandas.
De este lío solo se salvarán Danovis Lozano, Diana Jimena Becerra y Francisco González Gamboa por una simple razón: haber hecho lo correcto. En este punto, cualquiera pensaría que los errores enseñan algo, pero no. Los diputados actuales parecen tan extraviados que ya se avecina otro escándalo con la elección del secretario general para 2025, porque aquí los nombres cambian, pero el guion sigue siendo igual. Mediante sendas reclamaciones, dos participantes del nuevo concurso señalaron irregularidades que llevaron a la mesa directiva de la Asamblea a suspender el cronograma del proceso, con lo cual le pusieron al concurso un indiscutible manto de duda.
Pero eso no es lo peor. Dentro del proceso ya se habla de un posible favorecimiento que echaría al traste el concurso: el primer lugar en la prueba de conocimientos, con 90 puntos (24 más que el segundo), lo ostenta Julio César Serrano Carreño, exsecretario jurídico de Girón, quien manifestó abiertamente en su hoja de vida presentada ante el municipio de Rionegro en el 2024, haberle donado 10 millones de pesos a la campaña del actual presidente de la Asamblea, el diputado del Partido Cambio Radical, Leonardo Ardila Quintero. ¿Entienden ahora por qué no aprenden?
