La DIAN: ¿baluarte fiscal o fortín político?

Durante décadas, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN— ha sido percibida como el cerebro recaudador del Estado colombiano. Su función es técnica, su alcance transversal y su impacto directo en la economía nacional. Sin embargo, lo que en teoría debería ser un bastión de eficiencia institucional, muchas veces termina funcionando como un fortín político al servicio de los intereses del tecnócrata o político de turno.

Los cargos de libre nombramiento y remoción, diseñados constitucionalmente para garantizar la buena gestión pública, han sido malinterpretados y, en ocasiones, pervertidos. Lo que debería ser una herramienta de meritocracia y profesionalismo ha sido utilizado estratégicamente para acomodar fichas dentro del aparato estatal. Personas con vínculos más cercanos al poder que a la experiencia técnica, han terminado ostentando cargos clave, incluso en áreas tan sensibles como fiscalización, aduanas y devoluciones.

Esto se vuelve aún más preocupante cuando se observa que algunas seccionales —estratégicas por su ubicación geográfica y peso económico— se convierten en puntos de alto riesgo. Buenaventura, Cartagena, Cúcuta… no son simples nombres en el mapa: son zonas donde el contrabando, las exportaciones ficticias y los movimientos cambiarios irregulares son una realidad latente. Y es allí, precisamente, donde se han evidenciado decisiones cuestionables que van más allá del error técnico: interpretaciones normativas moldeadas a conveniencia, omisiones deliberadas y trámites cuyo desenlace depende más del contacto que del cumplimiento.

Esta percepción de clientelismo no solo mina la credibilidad institucional, sino que golpea con fuerza a los empresarios cumplidores, a los funcionarios honestos y a la ciudadanía que espera que sus impuestos se gestionen con responsabilidad. Si bien es cierto que en toda entidad pública conviven múltiples visiones y estilos de liderazgo, lo que no puede permitirse es que la DIAN se convierta en una agencia de favores camuflada bajo un manto técnico.

Ser funcionario público —y especialmente serlo en la DIAN— exige más que conocimientos tributarios o aduaneros. Exige integridad, rectitud, y una línea ética que no se doblegue ante la presión política o económica. La DIAN, como caja del Estado, como vigilante de la legalidad tributaria y aduanera, debe tener en sus filas a los mejores: no solo los más preparados, sino también los más impolutos.

Esta columna no busca atacar a personas ni a instituciones. Busca invitar a la reflexión. Porque mientras los contribuyentes son auditados, requeridos y sancionados con rigor, la estructura interna de la DIAN parece mantenerse inmune al escrutinio público. Y es ahí donde nace la pregunta incómoda, pero necesaria: ¿estamos frente a una entidad que lidera el cumplimiento fiscal o ante una plataforma operativa al servicio de intereses políticos?

Los cambios normativos, los decretos y las campañas de fiscalización seguirán su curso. Pero mientras no se revise con lupa la forma en que se designan los cargos más delicados, el país seguirá pagando no solo impuestos, sino también el costo de una institucionalidad contaminada.