La historia detrás de Lili Pink que otros no le cuentan

Lo que durante años ha sido una de las marcas más reconocidas de ropa interior femenina en Colombia, hoy enfrenta uno de los momentos más complejos de su historia.

Más de 300 tiendas de Lili Pink quedaron vinculadas a un proceso de extinción de dominio adelantado por la Fiscalía General de la Nación, como resultado de una investigación de cerca de cinco años que busca establecer si la marca habría sido utilizada, presuntamente, para facilitar operaciones de contrabando y lavado de activos.

El caso ha generado impacto no solo por la magnitud de los operativos, sino porque toca a una empresa con fuerte presencia nacional y pone bajo la lupa una historia empresarial que muchos desconocían.

Aunque la mayoría identifica a Lili Pink por sus vitrinas rosadas y su expansión comercial, pocos saben quiénes están detrás de la marca. Lili Pink nació en 2006 en Bogotá de la mano de la familia Abadi, un apellido con tradición en el sector textil colombiano y que algunos relacionan con uno de los grandes linajes empresariales de la industria.

La apuesta comenzó como una competencia directa frente a marcas consolidadas, pero rápidamente se convirtió en un negocio de crecimiento acelerado que pasó de vender ropa interior a incluir maquillaje, pijamas, vestidos de baño y productos de cuidado personal, expandiéndose dentro y fuera del país.

Pero hay otro dato poco mencionado en medio del escándalo. Desde 2015 la propiedad de la marca pasó al holding panameño Lili Brands, mientras en Colombia opera bajo Fast Moda S.A.S., sociedad que hoy aparece en el centro de las investigaciones.

Según las autoridades, esa estructura corporativa haría parte del expediente que busca esclarecer posibles irregularidades en el ingreso de mercancía y movimientos financieros, en un caso que también ha despertado preguntas sobre cómo se dio la rápida expansión de la compañía y si ese crecimiento podría tener relación con lo que hoy investiga la justicia.

Otro elemento que pocos están poniendo sobre la mesa es que las alertas no habrían surgido de un día para otro. Parte de las indagaciones habrían estado apoyadas en herramientas tecnológicas de vigilancia fiscal como “El Ojo de la Dian”, un sistema diseñado para detectar movimientos sospechosos y operaciones irregulares. Ese componente le suma una nueva dimensión al caso, porque no se trataría solo de un operativo de alto impacto, sino de una investigación que venía construyéndose silenciosamente desde hace años.

Las diligencias incluyeron allanamientos, capturas y la toma de control provisional de los establecimientos por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mientras avanza el proceso judicial.

Más allá del componente legal, el caso ha abierto interrogantes sobre cómo una marca tan posicionada terminó vinculada a una investigación de esta magnitud y si este proceso podría convertirse en uno de los mayores golpes al presunto contrabando textil en Colombia.

Por ahora, la compañía ha dicho que atenderá el proceso y buscará proteger sus operaciones y empleos.