Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó a siete antiguos integrantes del Bloque Noroccidental (BNOCC) de las extintas Farc-EP crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la implementación regional de la política nacional de secuestro. Con base en 314 hechos documentados, los halló responsables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de toma de rehenes, graves privaciones de la libertad, asesinato, violencia sexual, tortura, desaparición forzada, atentados a la dignidad personal y tratos crueles e inhumanos.
La Sala de Reconocimiento analizó los informes recibidos, escuchó en versión voluntaria individual o colectiva a 40 comparecientes del BNOCC. En estas versiones participaron 211 víctimas a través de sus abogados. La Sala escuchó después directamente a 91 víctimas que tenían observaciones a las versiones voluntarias. Tanto comparecientes como víctimas presentaron además memoriales escritos sobre los hechos.
Después de contrastar toda la información, la Sala seleccionó a estos siete antiguos comandantes de Frentes del BNOCC como los máximos responsables de los secuestros de la región. Estos siete comparecientes están llamados a reconocer responsabilidad tanto por las órdenes que dieron de cometer secuestros y asesinatos, como por omitir el control de la tropa que de manera reiterada dio malos tratos a las personas cautivas. Se trata de crímenes que por su gravedad no pueden recibir amnistía.
¿Quiénes son los imputados del Bloque Noroccidental?
Luis Óscar Úsuga (Isaías Trujillo o el Viejo): Fue comandante del Frente 34, entre 1987 y 2008. Fue integrante del Estado Mayor del Bloque Noroccidental, desde 1993. A partir del 2008 fue comandante del todo el Bloque. Operó en el centro de Antioquia, en municipios como Caicedo y Dabeiba.
Jesús Mario Arenas (Marcos Urbano): Fue comandante del Frente Urbano Jacobo Arenas entre 1993 y 2006. Fue integrante del Estado Mayor del Bloque Noroccidental, desde 1993 hasta 2006. Entre 1998 y 2006, fue el coordinador de los frentes ubicados en Medellín y el Oriente antioqueño, con una agrupación conocida como el “bloquecito".
Rodolfo Ruíz Restrepo (Víctor Tirado): Fue comandante del Frente 57 entre 1993 y 1998. Fue integrante del Estado Mayor del bloque, entre 1993 y 2000. Operó Gran Urabá y Córdoba.
Martín Cruz Vega (Rubín Morro): Fue comandante del Frente Aurelio Rodríguez entre 2000 y 2014. Fue integrante del Estado Mayor del Bloque, entre 2003 y 2014. Fue segundo al mando del Frente 5º, entre 1996 y el año 2000. Operó Gran Urabá y Córdoba y en el Suroriente de Chocó, occidente de Caldas y Risaralda.
Ovidio Antonio Mesa Ospina (Anderson o Carranza): Fue comandante del Frente 36, entre el 2003 y 2017. Comandante del Frente Aurelio Rodríguez, entre 1997 y 2000 y segundo de este mismo frente, entre 2000 y 2003. Además, fue suplente del Estado Mayor del bloque, entre 2000 y 2017. Operó en Chocó, occidente de Caldas y Risaralda. También en Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueños.
Pedro Baracutao (Pedro Baracutao): Fue comandante del Frente 34, entre 2008 y 2017. También, fue integrante del Estado Mayor del Bloque, entre 2014 y 2017. Operó en el Centro Suroccidente de Antioquia.
Jhoverman Sánchez Arroyave (Rubén Cano o Manteco): Fue comandante del Frente 58 desde 1998 hasta el 2017. Asimismo, fue suplente del Estado Mayor del BNOCC, entre 2003 y 2017. Operó en el Gran Urabá y Córdoba.
El proceso de contrastación judicial de la JEP evidenció que estos comparecientes del Bloque Noroccidental tuvieron poder y mando regional para liderar la ejecución de la política de secuestro que trazó el antiguo Secretariado de las Farc-EP. Secuestraron siguiendo tres patrones criminales: para financiar su estructura, para forzar el intercambio de guerrilleros presos y para controlar los territorios donde operaron: toda Antioquia, el sur de Córdoba, el norte del Chocó, Risaralda y Caldas. Después del Bloque Oriental, el Bloque Noroccidental fue el segundo de los siete bloques de las Farc-EP con más secuestros, con cerca del 25 % de todos los casos del país.
Con esta imputación, la JEP llama a reconocer la responsabilidad a este grupo de comparecientes de las Farc-EP. Les ordena aportar a la Sala y la Unidad de Búsqueda de Personadas Dadas por Desaparecidas (UBPD) toda la información disponible para encontrar a las víctimas de desaparición en medio del cautiverio. La JEP identifica 17 personas desaparecidas por las que sus familiares han preguntado en el proceso judicial y les da a los comparecientes máximo 30 días hábiles para aportar lo que sepan sobre el paradero de estas personas.
A corte de 14 de agosto de este año, de 4.052 víctimas acreditadas en el Caso 01 de la JEP, que investiga los secuestros de las Farc-EP, 314 señalan como presunto responsable al Bloque Noroccidental de su secuestro y otros delitos en medio del cautiverio. De ellas, 142 son víctimas directas, 147 son familiares y allegados de los secuestrados y 25 más son familiares de víctimas asesinadas o dadas por desaparecidas después de haber estado cautivas.
Esta es la tercera imputación regional del Caso 01, liderado por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll. Ya se habían imputado como responsables regionales a 10 exintegrantes del Comando Conjunto Central, que ya reconocieron en audiencia su responsabilidad, y a ocho del Bloque Occidental, que se preparan para hacerlo. A nivel nacional también fueron imputados siete exintegrantes del último Secretariado de las Farc-EP como responsables de estos crímenes. También reconocieron públicamente y en este momento el Tribunal de Paz está preparando su sentencia.
El Bloque Noroccidental y lo que representó para el país
El Bloque Noroccidental, también conocido como Bloque José María Córdoba, Bloque Efraín Guzmán y Bloque Iván Ríos, tuvo sus raíces en una comisión de 20 combatientes de las Farc-EP que llegaron desde el Magdalena Medio al Urabá antioqueño en 1971 y formaron el Frente 5. Desde allí, fue formando más frentes guerrilleros a partir de desdoblamientos de ese frente. Se movilizaron por el Nudo de Paramillo hacia el Norte de Antioquia, así como hacia el suroeste de Antioquia y el norte del Chocó por el río Atrato. Otros frentes del Bloque se originaron en desdoblamiento del Frente 4 ubicado en el Magdalena Medio, y llegaron al Nordeste y el Oriente de Antioquia.
En 1993, el Bloque Noroccidental se convirtió en una de las siete estructuras con las que la guerrilla buscaba cumplir el 'Plan Estratégico' de tomarse el poder por las armas, cercando y dominando Bogotá, la capital del país, pero también a Medellín y Cali, como centros de despliegue secundarios.
Así, la VIII Conferencia Nacional Guerrillera de 1993 le asignó a este bloque la misión de crear condiciones político-militares para controlar los territorios de Medellín, Urabá y la frontera con Panamá. Para eso, necesitaban dominar las vías terrestres que conectaban la capital de Antioquia con el Urabá, el Bajo Cauca antioqueño, el suroriente del Chocó, el occidente de Caldas, Risaralda, y la autopista Medellín - Bogotá. Además, debían controlar la frontera con Panamá.
La VIII Conferencia también les puso la tarea a los integrantes del BNOCC de conseguir recursos económicos para financiarse a sí mismos, y generar dos millones de dólares anuales que debían enviar al Secretariado. El secuestro y la extorsión, junto con los ingresos derivados del narcotráfico y la minería ilegal, fueron las fuentes de este dinero.
La Sala pudo establecer que este Bloque, al igual que las otras organizaciones de la antigua guerrilla, tenía una estructura jerárquica y centralizada con un mando responsable. El coordinador del Secretariado era Luciano Marín, conocido como Iván Márquez (quien incumplió el Acuerdo Final de Paz y se rearmó).
Por debajo de Iván Márquez, el Bloque Noroccidental tuvo tres comandantes, de los cuales solo Luis Oscar Usuga (Isaías Trujillo) sobrevivió a la guerra. Desde 1993, estuvo al mando Noel Mata Mata (Efraín Guzmán) hasta 2003, cuando murió de un paro respiratorio. Entre 2004 y 2008, quedó al frente Manuel de Jesús Muñoz Ortiz (Iván Ríos), quien fue asesinado por Pedro Pablo Montoya (Rojas), un guerrillero que le prestaba guardia y quien luego se entregó al Ejército. Por último, entre 2008 y 2016, estuvo al frente de este bloque Luis Óscar Úsuga Restrepo (Isaías Trujillo), quien comparece ante la JEP.
Además del Iván Márquez y los comandantes del Bloque Noroccidental, este lo comandaba un Estado Mayor del que también eran parte los comandantes de los distintos frentes del Bloque guerrillero. Este Estado Mayor marcaba los planes de acción a todos los frentes, incluyendo los planes de finanzas con órdenes de secuestrar para conseguir cuotas fijas de dinero para su funcionamiento y para el Secretariado.
El Bloque Noroccidental tuvo nueve frentes rurales (5º, 9º, 18, 34, 36, 47, 57, 58 y Aurelio Rodríguez), ubicados en todas las regiones de Antioquia, el norte de Chocó, el sur de Córdoba, Risaralda y Caldas. Contaban además con un frente urbano que operaba en Medellín y el Oriente antioqueño (FURJA), y contaba con la columna móvil Mario Vélez que operaba en diversas regiones para el combate. En el año 2.000, en su momento de mayor expansión, el Bloque Noroccidental llegó a tener 3.145 combatientes y 923 milicianos.
Las Farc-EP llegaron inicialmente al Urabá en los años setenta, siguiendo la fuerte presencia del Partido Comunista y los conflictos laborales y agrarios con las empresas bananeras. Las áreas montañosas con cubierta boscosa, múltiples ríos y casi sin presencia del Estado le permitieron crecer, y movilizar tropas, armas y alimentos. Por eso, entre las zonas históricas de retaguardia del Bloque Noroccidental estaban la serranía de Abibe, el Nudo de Paramillo, el cañón de la Llorona (o cañón del río Sucio), que conecta el Urabá con el occidente Antioqueño; el cañón del Río San Pablo, en su paso por la cordillera central, y las áreas de colonización en el Chocó y Antioquia en torno al río Atrato y sus afluentes. A eso se sumó el control de la serranía del Darién y la frontera con Panamá, que junto con el Golfo de Urabá facilitaron el contrabando de armamento y el tráfico de coca. En toda esta área de Urabá antioqueño, norte del Chocó y sur de Córdoba se consolidaron los frentes 5º, 34, 57, 58 y la Columna Móvil Mario Vélez. De allí se expandió la guerrilla a otras regiones.
El Bloque Noroccidental tuvo presencia en el Valle de Aburrá y Oriente antioqueño con los frentes 9º, 47 y el Frente Urbano Jacobo Arenas. Su primer lugar de llegada fue el Oriente, provenientes del Magdalena Medio. Llegaron a Oriente siguiendo el conflicto social a finales de los años 70 que se había generado por la puesta en marcha del embalse de El Peñol y la construcción de la hidroeléctrica de Calderas, a pesar de la oposición de los campesinos. Llegaron a tener control de la autopista Medellín-Bogotá y hacer acciones militares conjuntas con el ELN. En Medellín el Frente Urbano y sus milicias tuvieron una fuerte presencia en algunas comunas, y libraron con el Ejército y los paramilitares la única guerra urbana propiamente del país. En Oriente estas estructuras se articularon como “El Bloquecito" con el Frente Aurelio Rodríguez y se tomaron varias poblaciones destruyéndolas.
Con el “Bloquecito", una estructura conformada por los Frentes 9º, 47, Frente Urbano Jacobo Arenas y ocasionalmente el Frente Aurelio Rodríguez, el BNOCC se tomó poblaciones del suroriente antioqueño y tuvieron una fuerte presencia en algunos barrios de Medellín. Así, la guerra se trasladó a la capital de Antioquia, dando pie a la única guerra urbana que se libró en el país. Las milicias tomaron el control de varias comunas de la ciudad, mientras que el Ejército intentaba librar un tipo de confrontación armada que nunca se había presentado en el país.
La presencia en Medellín del Bloque Noroccidental de las extintas Farc-EP motivó despliegues militares como la Operación Mariscal, el 21 de mayo de 2002, en la Comuna 13. Luego vino la Operación Orión con la que buscaron disminuir la presencia de las Farc-EP en la capital antioqueña, al tiempo que cometieron graves crímenes contra la población civil.
Las operaciones militares urbanas resultaron en la salida del Frente Urbano Jacobo Arenas de las extintas Farc-EP de la Comuna 13, y la orden a los guerrilleros sobrevivientes de desplazarse al oriente. “Las milicias se mantuvieron en la ciudad, más o menos, hasta el año 2002 que fueron, digamos, la culminación de una serie de operaciones militares de la fuerza pública (...) con la Operación Orión, que fue la última, ya podemos decir que desaparece la estructura miliciana de Medellín", dijeron los comparecientes ante la JEP en su versión conjunta.
En el Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueños se ubicaron los Frentes 18 y 36, con miras a controlar los cultivos y tráfico de coca con el cobro de “impuestos" a los narcotraficantes. “Cuando comienza a aparecer la coca en al Bajo Cauca y el Nordeste y parte del occidente de Briceño (...) entonces ya las financieras tenían el enfoque de cobrarles impuestos a los comercializadores de coca", reconoció Ómar de Jesús Restrepo (Olmedo Ruiz), compareciente de las Farc-EP ante la JEP. Agregó que “a la guerrilla le entraban más recursos en ese tiempo con menos desgaste, con menos costos políticos que con respecto al secuestro".
En las nueve regiones de Antioquia, incluida Medellín y el Valle de Aburrá, así como en el norte del Chocó, sur de Córdoba, Caldas y Risaralda, las dinámicas del conflicto se vivieron de forma diferenciada en regiones separadas entre sí por escarpadas montañas, selvas y cañones profundos. El despliegue de la guerrilla estuvo marcado tanto por la colonización armada y el conflicto social, como por la expansión de la coca. El conflicto armado que siguió ambas dinámicas tuvo altas cantidades de víctimas. No era solo un conflicto entre las Farc-EP y el Estado, sino que también lo era entre distintas guerrillas y con múltiples ejércitos paramilitares. Con el ELN las FARC-EP tuvo periodos de colaboración, pero también de intensa confrontación que además de diferencias según la región. Con el Ejército Popular de Liberación (EPL) las FARC-EP tuvo confrontaciones por el control de los sindicatos bananeros, y los persiguió y asesinó tras la desmovilización del EPL en los 90.
La principal confrontación del BNOCC durante el conflicto armado fue con los ejércitos paramilitares. Si bien, el enfrentamiento con distintos grupos de civiles armados inició en la década de los ochenta, fue a mediados de los noventa la época de mayor confrontación cuando los hermanos Castaño aglutinaron y entrenaron estos grupos, formando las Autodefensas Unidas de Colombia AUC. Esta fue una alianza ya documentada judicialmente sobre grupos armados irregulares contrainsurgentes con miembros activos y retirados de la fuerza pública, políticos regionales y ejércitos privados de diversos narcotraficantes. Su epicentro fue la región de presencia del BNOCC, aunque se expandió luego por otros departamentos. Por eso, la guerra en esta región del país es especialmente violenta, con altos índices de víctimas civiles de los diferentes ejércitos.
Las estructuras del Bloque Noroccidental combatieron además contra la fuerza pública, incluso durante los infructuosos diálogos de paz con el gobierno del expresidente Andrés Pastrana Arango, entre 1998 y 2002. Fue en ese periodo en que el BNOCC tuvo su máxima expansión y control territorial.
A partir del año 2002, empezó el declive sostenido del Bloque Noroccidental. La Política de Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez, la mayor profesionalización del Ejército Nacional, las capturas y el enfrentamiento con las AUC tuvieron como resultado la muerte de dos de los comandantes del bloque y de varios comandantes de frente, así como la muerte o desmovilización de cientos de guerrilleros. Esto generó la pérdida de control territorial y capacidad bélica del BNOCC hasta su dejación de armas en 2017.
Así secuestraba el Bloque Noroccidental
Con las imputaciones regionales la Sala de Reconocimiento de Verdad esclarece las particularidades de los secuestros perpetrados por las Farc-EP según el territorio donde se cometieron. En el caso del Bloque Noroccidental, la investigación de la JEP arrojó evidencia de que esta estructura, como las demás, secuestró para forzar el intercambio por guerrilleros presos, para financiarse y para controlar los territorios donde operaba. Las privaciones de la libertad se hacían en residencias, en casas de recreo, en las tomas guerrilleras, en los retenes en las vías y en los ataques de la antigua guerrilla a la población civil. En todos los patrones la Sala encontró crímenes adicionales al secuestro y el asesinato, relacionados con el maltrato que la guardia cometía sin control de los superiores. Lo que es propio de la región durante el conflicto armado fue la gran cantidad de actores armados irregulares que competían por el control del territorio y de las rutas e ingresos provenientes del narcotráfico, y la intensidad de la violencia que desataron contra los civiles.
Secuestraba para controlar el territorio
Como el BNOCC tenía la tarea de controlar el territorio, secuestró personas por supuestamente ser “colaboradores del enemigo". La Sala identificó 94 secuestros por control territorial, de las cuales 31 víctimas fueron señaladas por la guerrilla de haber ayudado o de pertenecer al Ejército o a grupos paramilitares. Los comparecientes reconocieron ante la JEP que cometieron “errores de inteligencia de combate" cuando decidieron asesinar o desplazar a los “colaboradores del enemigo" sin una investigación o motivación profunda.
Entre esos casos está el de Antonio Flórez Loaiza. Fue secuestrado el 8 de mayo de 1999, cuando iba en un carro hacia Argelia (Antioquia). Le dijeron que lo retenían por ser informante de grupos paramilitares. Durante su secuestro, Loaiza padeció maltrato físico y psicológico. Fue llevado hacia una zona montañosa del municipio de Nariño (Antioquia), y allí fue interrogado por varios guerrilleros. También fue amenazado de muerte y sus captores simularon dispararle en varias oportunidades para que confesara que era un informante.
El Bloque Noroccidental también aplicó la “Ley 003", que emitió el último Secretariado de las Farc-EP en el año 2000. Con esta “ley", la antigua guerrilla se otorgó el poder de secuestrar como castigo a supuestos “corruptos".
Asimismo, secuestraban como parte de las sanciones que les imponían a los civiles que no obedecían sus órdenes. “Éramos estrictos también en el relacionamiento de los guerrilleros con la sociedad civil, mediante normas de convivencia", dijo ante la JEP el compareciente Martín Cruz Vega (Rubín Morro). Normas que no implicaban solamente lo que ellos consideraban “justicia", sino el control “a la cacería, a las aguas, el trabajo ecológico, el medio ambiente, todo ese tipo de cosas".
Secuestraba para presionar el intercambio de guerrilleros
Las Farc-EP decidieron mantener cautivos a militares para forzar al Estado colombiano a un intercambio por guerrilleros presos. Solo entre 1996 y 2002, la extinta guerrilla secuestró a cerca de 489 integrantes de la fuerza pública y de esos al menos 55 estaban en manos del BNOCC.
A principios de los 2000, al ver que el secuestro de militares no daba el resultado esperado, empezaron a secuestrar a figuras nacionales de las tres ramas del poder público. “Hay que coger gente del Senado, de la Cámara, magistrados y ministros, los que integran los tres poderes y verán como brincan", dijo en 2001 Víctor Julio Suárez Rojas, conocido como Jorge Briceño o el Mono Jojoy.
Entre los casos con impacto regional están los crímenes contra el exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria Correa y su asesor de Paz y exministro de Defensa, Gilberto Echeverri, en 2002. El Frente 34, hombres al mando del “El Paisa", un subalterno de Luis Óscar Úsuga (Isaías Trujillo), los secuestró en el Puente de El Vaho a 4 kilómetros del municipio de Caicedo, mientras lideraban una Marcha de “No Violencia". Los funcionarios fueron secuestrados cuando intentaban hablar con la guerrilla para que levantara el cerco sobre el municipio de Caicedo y que los campesinos pudieran sacar su cosecha al mercado. Según reconocieron los comparecientes ante la JEP, El Paisa decide retenerlos inicialmente y luego el Secretariado da la orden definitiva de secuestro para intercambio por guerrilleros presos.
Gaviria y Echeverri luego fueron asesinados en un intento de rescate del Ejército, por orden de la guerrilla. El compareciente Pedro Baracutao (Pedro Baracutao) reconoció que “el Ejército intentó un rescate, incluso, desembarcar exactamente en el campamento donde estaba El Paisa con los secuestrados y en ese momento él da la orden a los subalternos de accionar las armas en contra de los soldados y el gobernador". Esta era la orden que tenía la guardia en estos casos. 10 integrantes de la fuerza pública que estaban cautivos en el mismo campamento también fueron asesinados, y tres sobrevivieron.
El BNOCC también es responsable del secuestro del exrepresentante a la Cámara, Óscar Tulio Lizano, el 5 de agosto del año 2000, en Riosucio (Caldas). Estuvo en cautiverio ocho años y dos meses entre Risaralda y la selva húmeda del Chocó, custodiado por unidades al mando de Martín Cruz Vega (Rubín Morro). “Lo que más me golpeó a mí fue la soledad", dijo Lizcano en un informe ante la JEP. “Yo salí como una piltrafa humana (...) Sabía que iba a morir y por eso resolví fugarme, yo rebajé 60 kilos como vieron, vi el sol dos veces en la selva del Chocó", relató sobre los malos tratos que recibió. El compareciente Vega reconoció su responsabilidad por ese secuestro ante la JEP: “El daño causado a Lizcano fue sin duda grande, en especial si se tiene en cuenta que era un hombre mayor de edad y estaba muy enfermo y lamentablemente duró mucho tiempo retenido".
Otro hecho que la Sala recogió por su nivel de crueldad fue el del cabo José Norberto Pérez. Su hijo Andrés Felipe Pérez, quien sufría de cáncer, les pidió varias veces a las Farc-EP que liberaran a su papá para reencontrase con él antes de morir. Pero el niño falleció en diciembre de 2001 sin poder cumplir su deseo. Y a los dos meses, el cabo Pérez fue asesinado por hombres del Bloque Noroccidental luego de que intentó escapar, según reconocieron los comparecientes ante la JEP.
Secuestraba para financiarse
Desde su creación en 1993, el Bloque Noroccidental siguió la orden del Secretariado de las extintas Farc-EP de secuestrar y extorsionar para financiar su organización con la “Ley 002". “Sabíamos que eso políticamente era contraproducente porque en una retención no se va a poner a sufrir únicamente a la persona que se retiene, sino toda una familia", reconoció el compareciente Rodolfo Restrepo Ruiz (Víctor Tirado).
Aunque la meta de esta estructura era afectar a personas que contaran con un “patrimonio superior a un millón de dólares", la Sala pudo establecer que muchos de los secuestros del Bloque Noroccidental terminaron afectando a personas que no tenían cómo pagar lo que pedía la extinta guerrilla.
Un caso ilustrativo fue el secuestro de Ana Morelia Rodríguez. Ella trabajaba en actividades agrícolas en el municipio de Belén de Bajirá (Chocó) y fue secuestrada el 25 de febrero de 1997 por trabajar para las empresas bananeras Banacol y Uniban. A sus hermanas les exigieron pagar 10 millones de pesos. Dos días después, su familia pagó cinco millones en efectivo y cinco millones en dotación, y ella fue liberada.
La mayor cantidad de secuestros reportados por las víctimas de este bloque ocurrieron en la subregión del Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueños, donde operaron los Frentes 36 y 18. Los comparecientes reconocieron ante la JEP que esta área fue estratégica para las finanzas del Bloque Noroccidental no solo por el tráfico de coca, sino también por la extorsión y secuestro de agricultores, ganaderos y comerciantes de oro.
Esta estructura, por ejemplo, privó de la libertad a Alberto de Jesús Lopera Gil, el 6 de marzo de 1998, cuando visitaba su finca ganadera en el municipio de Entrerríos (Antioquia). El Noroccidental pedía 2.000 millones de pesos de pesos por su liberación, pero dos meses después de su secuestro, su familia no volvió a saber de él. Los comparecientes reconocieron en su versión colectiva ante la JEP que asesinaron y desaparecieron a Lopera en medio de un enfrentamiento con el Ejército. “Tomamos la decisión de quitarle la vida con un golpe en la cabeza para no generar ruido con arma de fuego y para no ser descubiertos por el Ejercito. Reconocemos hoy de manera reflexiva y con vergüenza ante ustedes, que este acto fue algo frio, cruel y poco racional, que nunca debió de haberse dado", dijeron.
Otro caso ilustrativo es el de Juan Guillermo Calle Fernández, empleado de la Nacional de Chocolates, y cuya familia poseía varias fincas en el departamento de Antioquia. Fue secuestrado en Carolina del Príncipe (Antioquia), el 12 de diciembre de 1998. Tuvo que pagar por su liberación 310 millones de pesos, 70 novillos y dos toros avaluados en 35 millones. El compareciente Ómar de Jesús Restrepo Correa (Olmedo Ruiz) reconoció que fue él quien negoció con la familia Calle la liberación de la víctima.
Para la selección de las víctimas de secuestro, las estructuras del BNOCC se apoyaron de milicianos, así como de informantes civiles, a quienes les pagaban. Con frecuencia era un continuo de extorsión y secuestro. Los comparecientes reconocieron que para extorsionar a los empresarios en algunos casos quemaron buses o usaron explosivos en las oficinas o locales de las compañías. Y cuando esto no funcionaba, entonces los secuestraban para forzar los pagos de las “vacunas".
En otras ocasiones no había información previa al secuestro, como sucedía en los retenes en las vías. Con estos retenes se llevaban a 10 o 15 personas a una zona montañosa. Allí indagaban sobre su capacidad económica y dos o tres personas terminaban secuestradas para exigirles dinero a sus familias a cambio de su la liberación.
¿Qué sigue en el proceso judicial?
Los siete imputados del Bloque Noroccidental serán notificados de esta decisión y tienen 30 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad o rechazarlas. También pueden responder aportando argumentos o evidencia adicional. La JEP espera que cumplan con sus obligaciones de aportar verdad, plena, detallada y exhaustiva y de reparar a las víctimas. Para eso, les ordena ampliar la información sobre hechos concretos que les fueron imputados, y entregar información de las personas secuestradas y luego desaparecidas.
Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo plazo de 30 días para presentar sus observaciones sobre esta decisión.
Si los comparecientes reconocen su responsabilidad y hay aportes a la verdad, la JEP convocará a una Audiencia de Reconocimiento de Verdad en la que los imputados darán la cara a la justicia, a las víctimas y al país. Esta audiencia será preparada y desarrollada con las víctimas.
Después de esa diligencia, la Sala publicará una Resolución de Conclusiones. Esta decisión incluye los nombres de quiénes aportaron verdad, reconocieron responsabilidad y son candidatos para la imposición de sanciones propias o restaurativas. Esta sanción será consultada con las víctimas, y debe tener un propósito reparador y puede incluir restricciones efectivas de la libertad y otros derechos.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, el caso llegará a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. El proceso podría terminar en un juicio mucho más parecido al de la justicia ordinaria, y de ser hallados responsables de los crímenes, los comparecientes podrían pagar hasta 20 años de cárcel.
