La justicia climática

Por: Maura Samara Suárez

Durante años, la comunidad internacional se negó a hablar de cambio climático. Hoy, finalmente, se ha posicionado como un tema prioritario en la agenda global. Se ha discutido en conferencias, se han firmado acuerdos, pero los tribunales internacionales nunca se habían pronunciado. Eso acaba de cambiar. Por primera vez, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos abrieron la puerta a reconocer el cambio climático como un asunto de derechos humanos.

El Estado de Vanuatu, una isla ubicada en el Pacífico lucha cada día contra el ascenso del nivel del mar y los fenómenos meteorológicos extremos. En este territorio, comunidades enteras han tenido que ser reubicadas debido al aumento del nivel del mar, abandonando islas que podrían quedar completamente sumergidas en las próximas décadas. A raíz de esta situación, Vanuatu se comprometió firmemente a buscar soluciones internacionales, aliándose con otros Estados insulares para presentar una solicitud de Opinión Consultiva ante la Corte Internacional de Justicia que aclare cuáles son las obligaciones de los Estados frente a la crisis climática.

Otro país en riesgo es Tuvalu. Según proyecciones de la NASA, si el aumento del nivel del mar continúa como hasta ahora, para 2050 la mitad de su territorio principal podría estar bajo el agua, y para 2100, el 90%. Esta amenaza pone en jaque la vida de sus 11.000 habitantes. Ante esta realidad, Tuvalu firmó un acuerdo con Australia que permitirá a 280 ciudadanos emigrar anualmente de manera legal como desplazados climáticos.

Del otro lado del mundo, en nuestra región, Chile y Colombia solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos otra Opinión Consultiva. Pero aquí la conversación va todavía más allá: no se trata solo de proteger territorios o ecosistemas, sino de poner en el centro a las personas. La Corte IDH deberá definir hasta qué punto los Estados tienen el deber de prevenir, mitigar y reparar los daños climáticos que afectan derechos como la vida, la salud, el acceso al agua y la alimentación.

¿Por qué es tan importante? Porque el derecho ambiental ha estado, durante demasiado tiempo, atado únicamente a buenas intenciones. Hasta ahora, el cambio climático se ha regulado principalmente a través de compromisos políticos, como el Acuerdo de París, que no prevé consecuencias claras en caso de incumplimiento. No es casual que en 2017 Donald Trump retirara a Estados Unidos del Acuerdo sin enfrentar ninguna sanción real, algo que podría volver a suceder. Que la Corte Internacional de Justicia reconozca obligaciones jurídicas cambiaría las reglas del juego: sería una herramienta para hacer cumplir a los Estados miembros de la ONU sus compromisos ambientales, y cerraría la puerta a amenazas como la que vivimos en 2017.

Lo que se está gestando ahora es un cambio de paradigma: entender que proteger el clima no es una opción política, sino una obligación jurídica. Y si las Cortes reconocen que el cambio climático viola derechos humanos, las implicaciones serán profundas. No solo cambiará la forma en que los Estados deben actuar hacia el futuro; también abrirá caminos para que las comunidades afectadas, especialmente las más vulnerables, puedan exigir justicia internacional.

Estamos ante un momento de quiebre en la historia del derecho ambiental. Estas opiniones consultivas podrían fortalecer litigios climáticos, ampliar la interpretación del derecho a un medio ambiente sano y exigir políticas públicas diseñadas desde un enfoque de derechos humanos. Estas opiniones consultivas no son vinculantes, hacen parte del soft law, pero son un avance hacia un derecho internacional más consciente, donde proteger el clima será un deber y no una opción.