La Procuraduría busca derogar normativa perjudicial para tiburones y rayas
Resumen
La Procuraduría de Colombia solicita revocar una resolución que permite la pesca de 15 especies en peligro de extinción, argumentando riesgos de pesca ilegal y desacuerdo con normas ambientales vigentes. La entidad cuestiona también la eficacia de medidas de control actuales.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)**La Procuraduría exige revocación de resolución que da vía libre a la pesca de especies en peligro**
La Procuraduría General de la Nación ha emitido un comunicado oficial donde expresa su preocupación respecto a una polémica resolución; un documento que actualmente coloca en la mira de pescadores a 15 especies de tiburones y rayas. Este organismo ha enviado observaciones a los ministerios de Ambiente y Agricultura, así como a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), argumentando que la norma atenta contra el principio de la no regresión en temas ambientales.
"Nos alarma y preocupa que el país esté retrocediendo en la conservación de su biodiversidad, autorizando la pesca de especies en claro riesgo de extinción", señaló la entidad, poniendo el foco en el peligro que supone esta decisión para la flora y fauna marina.
Desde la Procuraduría, se advierte que la controvertida resolución podría motivar la pesca ilegal, ya que esa apertura podría ser explotada por *"mafias internacionales"* que comercializan con estos animales, exponiendo tanto la biodiversidad como a comunidades vulnerables.
Asimismo, la institución ha indicado que la resolución no toma en cuenta legislaciones vigentes como el artículo 80 de la Constitución Política, el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica de Río de Janeiro y el decreto único reglamentario 1076 de 2015, **opacando el compromiso del país con la protección ambiental**.
**Se cuestiona la eficacia de medidas de control**, ya que la normativa actual no establece protocolos específicos para la regulación del tráfico y manejo posterior a la captura de estas especies en peligro. El Ministerio Público ha calificado los efectos de la resolución como *"totalmente desproporcionados"* respecto al objetivo de seguridad alimentaria de comunidades pesqueras, considerando que pone en juego la supervivencia de 15 especies amenazadas simplemente para contabilizar la pesca incidental.