Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Procuraduría General de la Nación ha lanzado una alerta significativa al instar al Ministerio de Cultura a detener el actual proceso licitatorio, que busca asignar la administración del Museo Nacional junto con otros siete museos de relevancia. En una declaración institucional, la entidad de control destacó varios "riesgos evidentes en el procedimiento, lo que podría llevar a la vulneración de principios fundamentales como economía, igualdad, selección objetiva, transparencia y buena fe".
El proceso en cuestión ha estado marcado por controversias desde su comienzo. La Fundación Arteria participó en la licitación, llegando incluso a ser preseleccionada para la adjudicación de un contrato valorado en 14.800 millones de pesos. Sin embargo, para sorpresa de todos, el Ministerio de Cultura revirtió su elección de manera inesperada.
Cuando fue momento de justificar su decisión, la cartera cultural sostuvo que Arteria no encabezaba la lista de elegibilidad y que su propuesta no era la más conveniente para los intereses del Ministerio. Frente a esto, la respuesta de la Fundación fue de completo desacuerdo, especialmente ante un pedido por parte del Museo de firmar un documento que respaldara la revocación del contrato, sustentando esto último en una supuesta acción ilegal cometida por Arteria.
La representante legal de la Fundación, Nelly Rocío Peñaranda Rodríguez, expresó su consternación: "No existe validez alguna para la revocación, argumentan una ilegalidad por nuestra parte. Esto es un ataque grave al buen nombre de Arteria, y exigimos aclaraciones sobre dónde se cometió la supuesta infracción. Se añade que mientras la adjudicación a nuestro favor estaba vigente, se permitió al otro proponente completar información, lo que contraviene la normativa de la convocatoria ya cerrada".
Por su lado, el ministro de Cultura, Juan David Correa, reconoció errores por parte de las directivas del Museo y admitió que no se siguieron los canales apropiados para informar sobre la revocatoria.
Frente a estas irregularidades, la Procuraduría alega que el ministerio habría emitido un "acto administrativo falsamente motivado", instando a suspender inmediatamente el proceso de licitación, hasta tanto se analice en profundidad las advertencias realizadas por el órgano de control.
