La responsabilidad política

Por: Alfonso Gómez Méndez

Son muchos los analistas, políticos y politólogos que se muestran alarmados por los peligros que afronta la democracia en estas épocas de autoritarismo, crisis sociales, inseguridad ciudadana, superficialidad en el debate público, redes sociales y hasta de inteligencia artificial.

En realidad, no todos quienes hablan de democracia se refieren a lo mismo. Casi siempre se ocupan de la electoral, es decir, de la posibilidad de hacer elecciones en tiempos y por periodos predeterminados. No siempre el debate se centra en los contextos para que la mayoría pueda tener acceso a las condiciones que le permitan resolver sus necesidades básicas y participar libremente, sin ataduras al clientelismo o de dependencia laboral por factores de autoridad. También habría que mencionar la alternancia en el poder y la igualdad de oportunidades que se afectan cuando familias se apoderan de las palancas del gobierno.

Para describir una democracia real -y no meramente formal- sigue siendo válida la admonición contenida en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre de la Francia revolucionaria: una sociedad donde no esté garantizada la separación de poderes y la protección de los derechos del ciudadano carece de Constitución. Es verdad que tenemos una separación de poderes, pero muchas veces no pasa de ser un enunciado constitucional.

La independencia entre ejecutivo y legislativo se ha visto afectada por el clientelismo. La Constitución del 91 quiso garantizar esa independencia prohibiéndole al presidente nombrar a los congresistas ministros o embajadores, pero en la práctica les nombra cuotas, amigos o parientes. Esa falta de independencia a veces llega hasta el cohecho político, como se ha vuelto a denunciar por estos días. Una prueba fehaciente se dio cuando al discutirse la reforma que permitió cambiar la Constitución para la reelección inmediata de Álvaro Uribe -defendida por varios de quienes ahora son sus feroces enemigos- más de setenta parlamentarios se declararon impedidos por tener parientes y amigos en el gobierno.

El excesivo poder presidencial, acentuado en el 91, va en contravía de esa independencia ya que, de alguna manera, por sus inmensos poderes, la vida política gira alrededor del presidente.

El poder judicial también es formalmente independiente, pero se afecta por la injerencia del ejecutivo constitucionalmente autorizada en la designación de algunos funcionarios del poder judicial. Al interior del mismo poder judicial, la independencia se ve disminuida por las funciones electorales de las altas cortes.

En una democracia plena no pueden existir altos funcionarios sin juez de sus actos. Por el sistema establecido hoy, ni los magistrados de las altas cortes ni el fiscal general tienen un juez independiente de alto nivel que los juzgue. El proceso en el Congreso es apenas un remedo. Lo mismo podría decirse de la forma como en Colombia se procesa al presidente. Se necesita un tribunal de verdad.

Otro pilar esencial es el de la responsabilidad política, que aquí confundimos con responsabilidad penal. Tampoco se da con la socorrida frase de los funcionarios cuestionados que se limitan a decir: “asumo la responsabilidad política” pero quedándose en el cargo. En una democracia se responde políticamente por casos como: la culpa in eligendo; incuria, falta de cuidado; o, por falta de resultados en la gestión. En una época los ministros salían como consecuencia de un control político, hoy reemplazado por la ineficaz moción de censura.

En otros países se conocen casos de responsabilidad política como la del ministro de defensa ruso que se cayó porque en época de la guerra fría una pequeña avioneta, sin que lo advirtiera la inteligencia, aterrizó en la Plaza Roja. O el ministro del interior de Alemania -donde la policía depende de ese ministerio- que se tuvo que ir porque un policía cometió un abuso al capturar a un terrorista. Ni que decir de quienes se han caído por plagio en sus trabajos académicos. Aquí nada pasa porque por todos los factores antes señalados tenemos una especie de democracia bloqueada. Para salir de este atolladero necesitamos una profunda reestructuración del Estado.