La seguridad enfocada en los candidatos

De cara a las elecciones presidenciales, la seguridad se ha consolidado como eje gravitacional del debate político colombiano. Tras años implementando la política de “Paz Total”, el país enfrenta un panorama complejo donde la expansión de grupos armados, el control territorial de economías ilícitas y el deterioro de la seguridad urbana han forzado a los aspirantes a definir posturas radicales.

El enfoque de los candidatos actuales puede dividirse en tres grandes vertientes: “La mano dura” y el control territorial; la modernización institucional con enfoque en justicia; y la continuidad de la seguridad humana.

Desde la derecha, figuras como Abelardo de La Espriella y Paloma Valencia han capitalizado el descontento social priorizando la recuperación de la autoridad estatal mediante el uso de la fuerza. El enfoque principal de este sector es el fin de las negociaciones con grupos criminales que, a su juicio, han aprovechado los ceses al fuego para fortalecerse. Sus propuestas incluyen empoderar a la fuerza pública para retomar el control de zonas críticas, inspirados en modelos regionales exitosos; crear infraestructuras penitenciarias para aislar a cabecillas y frenar la extorsión desde centros carcelarios, y reformas para evitar la “puerta giratoria”, asegurando que quienes cometen delitos no queden en libertad por tecnicismos procesales.

En el centro del espectro político, otros candidatos proponen un modelo que combina la tecnología con una reforma profunda a las instituciones de justicia. Su narrativa no se centra del todo en el patrullaje, sino en la eficacia del Estado para desmantelar redes del crimen. Así plantean la creación de organismos especializados para atacar el corazón económico del narcotráfico y la corrupción, el uso de drones, sistemas de inteligencia, y de datos preventivos ante el crimen urbano. Otros refieren “territorios sin armas, como unidades con Estado” enfocándose en la presencia institucional integral más allá de lo militar.

Desde la izquierda y los sectores afines al gobierno actual, representados por figuras como Iván Cepeda, se define la continuidad de la “seguridad humana”, cuyo enfoque argumenta que la violencia no se detendrá exclusivamente con represión, sino atacando las causas estructurales. Propone fomentar soluciones que integren a excombatientes y jóvenes en riesgo a la económica formal, reorientar la inteligencia militar hacia la defensa de los Derechos Humanos y la prevención de delitos ambientales.

Podemos concluir que la seguridad futura no es un concepto unívoco. Mientras unos candidatos hablan de monopolio de las armas y la construcción carcelaria, otros apuntan a la inteligencia financiera e inversión social. El electorado colombiano enfrenta una encrucijada de cara a elegir el retorno al modelo de confrontación o la búsqueda de una paz institucionalizada difícil de materializar en los territorios. La efectividad para frenar la extorsión y el narcotráfico será la vara con la que se mida el éxito de estos discursos en las urnas.