Hacia los fines del Estado

En los últimos años, el poder público en Colombia parece haber olvidado que nuestro sistema político es democrático, participativo y pluralista, que la actual Constitución propende a la realización del Estado Social de Derecho y que pretende amparar los derechos esenciales y promover las garantías de todos los habitantes de nuestro territorio.

Sería bueno que los candidatos a la presidencia de la República, sus impulsores  y los señores congresistas recordaran los postulados constitucionales básicos y, en vez de estar buscando las más ingeniosas formas de plasmar mutuas ofensas, acusaciones y cargos en las redes sociales, ocuparan su tiempo repasando las normas constitucionales de 1991 y sus reformas, conociendo o releyendo la jurisprudencia constitucional y procurando que  el ejercicio de sus distintas funciones, en coordinación y diálogo -sin perjuicio de su independencia-, les permita la búsqueda de mejores condiciones de supervivencia colectiva y de las mejores y más eficaces soluciones a muchos problemas que enfrenta la población colombiana.

Como ha subrayado varias veces la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Constitución Política de 1991 señala, como uno de los fines esenciales del Estado la vigencia, la realización y la efectividad de valores constitucionales como la vida, la justicia, la seguridad, convivencia, la paz, la igualdad, el conocimiento, el trabajo en condiciones respetuosas de la dignidad humana, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo, que garantice un orden político, económico y social justo. Plasma, en consecuencia, principios fundamentales basados en el reconocimiento de los derechos humanos y en las garantías democráticas. En un Estado Social de Derecho, incompatible con las decisiones discriminatorias, indolentes y exclusivistas, propias de las extremas concepciones neoliberales del pasado.

El Estado incorpora diversos componentes de orden político, social y económico, sobre el supuesto esencial de la justicia social. Sus ramas y órganos tienen por objeto la cristalización de ese orden, en condiciones de equilibrio e igualdad. De allí que se le confíe -como lo hace el artículo 334 de la Constitución- la dirección general de la economía, con miras a la satisfacción del interés general, no de reducidos grupos políticos, empresariales o familiares.

Por tanto, como dice la norma, le corresponde intervenir en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, así como en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía y conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.

Como estipula también ese precepto, el Estado intervendrá primordialmente “para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones”.

Con tales fines y dentro de los enunciados postulados, el Estado no se confunde con el Gobierno. Sus ramas y órganos deben actuar, cada una dentro de sus funciones, pero en un marco de integración, diálogo y colaboración armónica. Con programas y proyectos estructurados. Eso es más importante que la lucha por las encuestas.