La sombra de un contrato cubierto por el tiempo tiene en problemas a exalcaldesa de San Vicente de Chucurí

La sombra de un contrato firmado hace más de 15 años volvió a instalarse sobre la política de San Vicente de Chucurí. La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la exalcaldesa Emilce Suárez Pimiento y al exsecretario de Desarrollo Social Carlos Alfonso Saucedo Serrano por presuntas irregularidades en un convenio relacionado con el desarrollo de una plataforma tecnológica para instituciones educativas oficiales del municipio.

Según el ente acusador, los hechos se remontan a julio de 2010, cuando la administración municipal suscribió un contrato superior a los 73 millones de pesos para la prestación de servicios profesionales de un ingeniero de sistemas.

El objetivo del convenio era ambicioso para la época: crear e implementar un software que permitiera a estudiantes, docentes y padres de familia interactuar en línea con información académica, seguimiento curricular y procesos administrativos de los colegios públicos del municipio.

La iniciativa fue presentada como una apuesta de modernización educativa en una región históricamente golpeada por problemas de conectividad y rezagos tecnológicos. Sin embargo, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el sistema nunca habría sido desarrollado ni implementado en los términos pactados.

El expediente señala que en agosto de 2011 el municipio realizó el desembolso de los recursos acordados pese a que el software no habría sido entregado ni puesto en funcionamiento. Tampoco, según las pruebas recopiladas, se suministraron claves de acceso ni usuarios a estudiantes, profesores o acudientes, lo que dejó el proyecto convertido en una promesa digital fantasma: una plataforma que existía en los papeles, pero no en los computadores de las instituciones educativas.

La Fiscalía sostuvo que durante el proceso contractual se habrían omitido requisitos esenciales establecidos en la ley. Entre las presuntas irregularidades detectadas aparecen la ausencia de estudios previos y posibles incumplimientos de principios fundamentales de la contratación pública como planeación, economía, transparencia, selección objetiva, legalidad y moralidad administrativa.

Por estos hechos, los exfuncionarios fueron imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público.

Uno de los aspectos más relevantes de la audiencia judicial fue que la exalcaldesa Emilce Suárez Pimiento aceptó los cargos formulados por la Fiscalía de acuerdo con su responsabilidad penal individual, una decisión que podría derivar en eventuales beneficios judiciales dentro del proceso.

El caso revive las discusiones sobre los denominados “elefantes blancos tecnológicos”, proyectos públicos que durante la primera década de los años 2010 comenzaron a multiplicarse en distintas regiones del país bajo el discurso de modernización digital, pero que terminaron convertidos en investigaciones fiscales y penales por incumplimientos, sobrecostos o falta de ejecución.

En municipios intermedios como San Vicente de Chucurí, donde las limitaciones presupuestales son mayores y las necesidades sociales siguen siendo profundas, este tipo de procesos adquieren una dimensión aún más sensible. La Fiscalía considera que los recursos destinados al fortalecimiento educativo terminaron comprometidos en un contrato que, presuntamente, nunca cumplió con los resultados prometidos para la comunidad académica.