Trampa miserable de Petro para Santander

Hay decisiones del Gobierno Nacional que pueden explicarse con cifras, documentos y tecnicismos administrativos. Y hay otras que, por más vueltas que se les quiera dar, terminan dejando la sensación de que a Santander nuevamente le tocó hacer fila al final de la mesa. Lo ocurrido con el aeródromo de Málaga pertenece a esta segunda categoría.

El nuevo CONPES de modernización aeroportuaria, aprobado el pasado 31 de julio, anunció una bolsa gigantesca de $6,54 billones para intervenir 25 aeropuertos y aeródromos de 16 departamentos durante los próximos años. Una cifra monumental que, en teoría, debería servir para cerrar brechas de conectividad y llevar oportunidades a las regiones que históricamente han estado condenadas al aislamiento. Pero Santander quedó por fuera.

Y lo más indignante no es solamente que el departamento no haya sido incluido entre los territorios priorizados. Lo verdaderamente preocupante es que quedó en el camino un proyecto que ya estaba identificado dentro de la planeación oficial y que contemplaba una inversión de $10.068,3 millones para modernizar el aeródromo de Málaga. Diez mil millones de pesos que ahora parecen evaporarse en la burocracia nacional.

Mientras el Gobierno habla de cerrar brechas territoriales, García Rovira vuelve a quedar mirando desde la ventana cómo los recursos para mejorar su conectividad terminan aterrizando en otros lugares.

Aquí no estamos hablando de construir un aeropuerto de fantasía ni de una ocurrencia de última hora de algún dirigente regional. El proyecto de Málaga tenía una programación definida para iniciar en 2026, contemplaba $7.595,3 millones de la Aeronáutica Civil y otros $2.473 millones de la Gobernación de Santander, además de los aportes logísticos del municipio.

Es decir, había proyecto, había recursos previstos y había una responsabilidad compartida. ¿Entonces qué pasó? Esa es precisamente la pregunta que el pasado Gobierno Nacional debe responderle a Santander porque resulta difícil explicar cómo un departamento que durante años ha reclamado mejores condiciones de conectividad puede desaparecer de un CONPES que precisamente dice tener como propósito mejorar la conectividad regional.

Y mientras Bogotá decide cuáles regiones merecen despegar, los habitantes de Málaga siguen teniendo que mirar hacia una carretera que puede convertir un desplazamiento hacia Bucaramanga en una auténtica prueba de resistencia.

El trayecto terrestre entre Málaga y Bucaramanga puede extenderse hasta ocho horas. La vía Curos–Málaga ha sufrido cierres, derrumbes, daños en puentes y emergencias que han puesto en evidencia su vulnerabilidad. En determinados momentos, una contingencia vial no solamente aumenta el tiempo de viaje: puede dejar prácticamente aislada a toda una provincia.

Por eso quienes toman decisiones desde los escritorios de Bogotá deberían entender algo elemental: para García Rovira, un avión no es un lujo. Es conectividad. Es salud. Es atención de emergencias. Es turismo. Es actividad empresarial. Es la posibilidad de que un profesional llegue rápidamente a la región, de que un paciente pueda ser trasladado, de que un inversionista encuentre una puerta de entrada y de que una provincia entera deje de sentirse condenada a vivir detrás de una montaña.

Por eso resulta imposible no reclamarle al Gobierno de Gustavo Petro. Y eso duele todavía más cuando se trata de un proyecto que ya tenía una ruta de financiación y una programación definida. La pregunta, entonces, no puede ser únicamente dónde quedaron los $10.068 millones. La pregunta es por qué Santander volvió a quedar por fuera.

¿Quién decidió retirar a Málaga de las prioridades nacionales? ¿Con qué criterios se escogieron los 25 aeropuertos y aeródromos incluidos en el nuevo CONPES? ¿Qué pasó con la inversión que estaba proyectada para 2026? ¿Qué explicación tiene el Gobierno para dejar por fuera a una región cuya conectividad terrestre ha demostrado ser tan vulnerable?

La pero vergüenza para lo petristas de la Provincia de García Rovira está en los amigos de la pasada administración nacional que estuvieron insistiendo en inmensos para la red publica hospitalaria, y se robaron la plata.