Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Unión Sindical Obrera (USO) ha emitido un comunicado instando a Ecopetrol a revelar información sobre presuntos vínculos con grupos paramilitares en la refinería de Barrancabermeja, los cuales habrían generado violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad contra organizaciones sociales en la región.
Estas denuncias, que abarcan eventos de las décadas de los 90 y 2000, están siendo investigadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual inició audiencias en octubre para esclarecer estos hechos.
César Loza, presidente de la USO, afirmó en una entrevista con Caracol Radio que Ecopetrol mantenía supuestos lazos con el paramilitarismo a través de su departamento de seguridad. En particular, señaló a José Eduardo González Sánchez, exjefe de seguridad de la refinería, quien aparentemente era miembro activo de grupos paramilitares y facilitaba la infiltración en la empresa. Otra figura implicada, John Alexander Velázquez, alias “Pepo”, habría trabajado para Ecopetrol mediante firmas contratistas y se le atribuye participación en la masacre del 16 de mayo de 1998. Según Loza, estas confesiones apuntan a que las acciones paramilitares buscaban amedrentar y controlar a la población y organizaciones sociales en Barrancabermeja.
En las recientes audiencias, la USO reiteró su solicitud para que Ecopetrol desclasifique archivos relacionados con estos hechos, enfatizando que el acceso a la verdad es fundamental para que haya justicia y reparación para las víctimas.
Loza añadió que aunque no existen pruebas directas sobre responsabilidades actuales de Ecopetrol, la empresa debería pedir disculpas públicas y asumir un compromiso ético de transparencia.
La USO se mantiene firme en su exigencia de verdad y justicia para evitar que situaciones similares se repitan, considerando esta investigación de la JEP como una oportunidad para revelar la verdad y reparar a las víctimas afectadas por las operaciones de seguridad de la época.
