¿Le van a clavar regulación a la prostitución en Colombia? Si. Aquí le contamos cómo va el tema
Resumen
El Ministerio del Trabajo instaló la primera mesa nacional para construir una regulación del trabajo sexual con enfoque de derechos y participación directa de quienes lo ejercen.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
En un movimiento que marca un giro en la discusión pública sobre el trabajo sexual en el país, el Ministerio del Trabajo instaló la primera mesa de diálogo nacional orientada a construir, de manera participativa, un proyecto de resolución que regule esta actividad bajo un enfoque de derechos.
El espacio reúne a 14 organizaciones y 37 participantes, en un ejercicio que busca recoger insumos reales desde las voces de quienes ejercen el trabajo sexual. La apuesta institucional se centra en un modelo de escucha activa, diálogo directo y construcción colectiva, con el fin de ajustar la normativa a las condiciones, riesgos y necesidades de esta población históricamente marginada.
La iniciativa no surge en el vacío. Responde a una línea jurisprudencial consolidada por la Corte Constitucional, que en fallos como las sentencias T-629 de 2010, T-736 de 2015, T-594 de 2016, T-109 de 2021 y T-310 de 2022 ha insistido en la obligación del Estado de reconocer y proteger los derechos fundamentales de las personas que ejercen el trabajo sexual, así como de avanzar en su regulación con participación efectiva.
Desde el Gobierno se subraya que este proceso busca romper con décadas de invisibilidad normativa, permitiendo que las reglas no se diseñen desde el escritorio, sino desde la experiencia viva de quienes conocen el oficio desde dentro.
En otras palabras, se intenta que la ley deje de ser un traje prestado y empiece a confeccionarse a la medida de su realidad social.
El Ministerio anunció además que se abrirá un plazo hasta mayo para recibir observaciones, comentarios y propuestas al proyecto de resolución y su memoria justificativa, con el objetivo de fortalecer un proceso que se ha planteado como incluyente, transparente y abierto a la ciudadanía.
Con este primer encuentro, el Gobierno nacional envía un mensaje claro: avanzar hacia una política pública que reconozca la dignidad humana, incorpore enfoques de género, diferencial e interseccional, y ofrezca garantías reales a una población que, durante años, ha permanecido en los márgenes del debate institucional.
