Los grandes retos de Bucaramanga

Con una apuesta clara por la equidad territorial y el desarrollo urbano planificado, Bucaramanga se consolida como una ciudad líder en la legalización de barrios, una estrategia que busca no solo garantizar derechos básicos, sino también promover la inclusión social y la mejora en la calidad de vida de miles de familias. La administración del alcalde Jaime Andrés Beltrán, a través de la Secretaría de Planeación, ha puesto en marcha un ambicioso proceso que impactará de manera directa a más de 10.000 personas durante el año 2025.

Según cifras oficiales, un total de 2.578 familias distribuidas en 14 barrios del municipio serán beneficiadas con esta iniciativa, que contempla la legalización de 1.504 predios ubicados en sectores históricamente excluidos del desarrollo urbano formal. Entre los barrios priorizados se encuentran Pablón, Punta Betín, San Gerardo I, Milagro de Dios y Cordoncillo I, zonas que por décadas han enfrentado condiciones de vulnerabilidad debido a la falta de reconocimiento jurídico y a la ausencia de servicios públicos adecuados.

“La población va a recibir beneficios para la instalación de servicios públicos y posteriormente ser titulados. Esto les va a permitir mejorar sus condiciones de calidad de vida”, explicó Luis Ernesto Ortega Martínez, líder del programa de legalización de barrios. Su afirmación resume el impacto transformador que tiene esta política pública sobre las comunidades, al permitirles acceder por primera vez a derechos fundamentales como la tenencia legal de sus viviendas, el acceso formal al acueducto, la energía eléctrica, el gas domiciliario y futuras inversiones en infraestructura.

Uno de los casos más emblemáticos es el del barrio Pablón, que concentra la mayor cantidad de personas beneficiadas: aproximadamente 2.200 habitantes. Esta cifra no solo da cuenta del alcance del proyecto, sino también del trabajo coordinado entre las distintas dependencias de la Alcaldía y la comunidad, que ha participado activamente en los procesos de diagnóstico, concertación y proyección de obras.

Legalizar para transformar: un acto de justicia social

La legalización de barrios, más allá de su dimensión técnica, representa un acto de justicia social. Cerrar las brechas urbanas implica reconocer que la ciudad también está compuesta por esos sectores que, a pesar de su dinamismo y riqueza comunitaria, han sido históricamente marginados del desarrollo. En este sentido, la legalización se convierte en una herramienta de transformación que permite a las familias proyectar un futuro con mayor dignidad y estabilidad.

Además de otorgar seguridad jurídica a las viviendas, este proceso abre la puerta al acceso a programas sociales y recursos del Estado que estaban vedados para estos sectores por su condición informal. La legalidad urbanística se convierte así en la antesala del progreso colectivo, permitiendo la llegada de obras de mejoramiento vial, saneamiento básico y conectividad, con un impacto directo en la salud, la educación y las oportunidades económicas de los habitantes.

La estrategia de legalización hace parte de un modelo de ciudad planificada e incluyente, donde la participación ciudadana y la equidad territorial son ejes centrales. Bucaramanga, con una población proyectada de 619.703 habitantes en 2024 según cifras del DANE, representa el 26,1% del total poblacional del departamento de Santander. Esta condición la convierte en una ciudad nodal para el desarrollo regional, pero también en un territorio con enormes desafíos en términos de planificación urbana y reducción de desigualdades.

Planificación territorial con enfoque participativo

La distribución demográfica de Bucaramanga, donde el 52,4% son mujeres y el 47,6% hombres, ha permitido diseñar políticas públicas con enfoque diferencial, priorizando a los sectores más vulnerables y promoviendo acciones afirmativas para garantizar la equidad de género en el acceso a servicios y beneficios.

La ciudad se encuentra dividida en 17 comunas, cada una con características geográficas y socioeconómicas particulares. Comunas como Norte, Nororiental, San Francisco, Occidental, Provenza, García Rovira, Sur y Lagos del Cacique concentran buena parte de la población en condiciones de informalidad. Precisamente por ello, la administración municipal ha adoptado un enfoque territorial que considera no solo el espacio físico, sino también la construcción de tejido social y liderazgo comunitario como factores esenciales en la consolidación de proyectos sostenibles.

En ese marco, la Secretaría de Planeación ha liderado múltiples iniciativas orientadas a garantizar una mayor equidad en la distribución de recursos públicos, canalizando inversiones hacia los sectores con menor acceso a servicios básicos. Esta visión integral, que articula la legalización de predios con programas sociales, es la base de un modelo de desarrollo más justo y equilibrado.

“El enfoque que estamos implementando parte del reconocimiento del territorio como un espacio vivo, dinámico y profundamente desigual. Por eso trabajamos desde el territorio y con la gente, para diseñar soluciones reales que respondan a las necesidades específicas de cada comunidad”, indicó un vocero de la Secretaría.

La estrategia de legalización se enmarca también dentro del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y de las políticas de sostenibilidad y resiliencia urbana. Bucaramanga no solo busca crecer, sino hacerlo de forma planificada, con una mirada de largo plazo que garantice la integración de todos sus habitantes y el uso eficiente del suelo.

El liderazgo del alcalde Jaime Andrés Beltrán ha sido clave para impulsar estos cambios. Su administración ha reiterado su compromiso con una Bucaramanga donde cada ciudadano tenga oportunidades reales de progreso. “Las decisiones que estamos tomando hoy están pensadas para construir una ciudad más segura, justa y participativa. Bucaramanga no puede permitirse seguir creciendo con desigualdad. Por eso estamos apostando por la legalización como un primer paso hacia una ciudad verdaderamente incluyente”, expresó el mandatario local en el marco del Foro Visión de Ciudad y Legalización de Barrios.

El proceso de legalización continuará durante todo el 2025, con seguimiento técnico, jurídico y social, y con el acompañamiento permanente de las autoridades locales. La meta es que al final del periodo más de 10.175 personas cuenten con su predio legalizado, tengan acceso pleno a servicios y puedan ver reflejadas mejoras sustanciales en su entorno.