Los reintegros de la fuerza pública

El triunfo de Abelardo de la Espriella en las urnas ha puesto sobre la mesa un debate inaplazable: la promesa de reintegrar a los miembros de la fuerza pública que fueron retirados por la administración anterior bajo argumentos ideológicos. ¿Es sano y saludable tomar esa medida o se está abriendo una caja de Pandora que terminará por fracturar definitivamente la institucionalidad en Colombia?

A primera vista, la necesidad de reconstruir la sucesión del mando militar y policial parece un factor positivo e indiscutible. La barrida de oficiales con alta experiencia al inicio del gobierno saliente decapitó la línea técnica y estratégica de seguridad, dejando el país en un limbo operacional en plena crisis de orden público. Recuperar los años de experiencia acumulada no solo es sensato, es un acto de justicia. La moral de la tropa, profundamente minada tras años de incertidumbre, requiere un mensaje de respaldo que devuelva la confianza en el mérito de la fuerza pública.

Sin embargo, el diablo está en los detalles y en el futuro que esta decisión edifica. Si el nuevo mandatario ejecuta una reincorporación masiva movido por el péndulo político, corre el riesgo de institucionalizar el revanchismo. El peligro real no radica solo en el presente, sino en el incentivo perverso a futuro: que los uniformados en retiro comiencen a utilizar el recurso de los padrinos políticos para ser reincorporados en periodos venideros. De permitirse este escenario, la política partidista permearía de manera irreversible las instituciones y los oficiales acatarían al gobierno de turno que les promete el regreso.

Por esta razón, la respuesta no debe ser la politización de la medida, sino la estabilidad de las fuerzas. Es imperioso legislar para blindar las carreras militar y policial, creando un marco institucional donde nunca más un presidente pueda depurar la cúpula por meros caprichos ideológicos, garantizando que la figura de la reincorporación no se convierta en moneda de cambio electoral o cheque en blanco. El respeto a la imparcialidad entre la fuerza pública y la política partidista es la única garantía de estabilidad republicana. El presidente debe ser radical en este tema desde el rigor institucional, no desde represalias que fracturaría los comandos.

Concluimos que la salud democrática del país exige que el nuevo gobierno actúe con bisturí de cirujano y no con hacha de combate. La reincorporación es necesaria, solo mediante un análisis técnico riguroso, caso por caso, evaluando la experiencia y la hoja de vida de cada oficial de manera justa, asegurando que se repare el daño y no florezcan simpatías. Solo así, combinado la restitución de la experiencia - con una legislación estricta que prohíba futura injerencias políticas en los ascensos y retiros- se lograra rescatar la sucesión del mando sin destruir la neutralidad que la nación le exige a sus armas.