Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Por Juan Manuel Álvarez Cruz
Durante años, la Gobernación de Santander concentró sus esfuerzos y recursos en la construcción de grandes obras como El Santísimo, El Parque Nacional del Chicamocha y el Parque Acuaparque con el fin de posicionar al oriente colombiano como nodo turístico a nivel nacional e internacional, sin tener en cuenta dentro de sus prioridades la inversión en sistemas estructurantes como servicios públicos esenciales de calidad y conectividad vial para los municipios del departamento como eje del desarrollo económico y territorial. Si bien la llegada de visitantes a la región ha crecido, noticias como la registrada por los medios de comunicación de intoxicación masiva por la pésima calidad del agua en San Gil, que no solo pone en riesgo la vida de quienes la consumen, también el ingreso de miles de personas que, sumado al rezago en infraestructura vial, dependen económicamente del turismo; evidencian problemas en la forma como se planifica y se concibe el territorio santandereano por ausencia de trabajo mancomunado entre municipios y de liderazgo en el ente territorial que los aglutina al momento de estimular la asociatividad para superar retos como los antes mencionados y otros como el manejo de basuras, planeación territorial ordenada, actualización del catastro, las tensiones que se viven en zonas de páramo donde se plantea minería a gran escala y la inseguridad que se padece tanto en lo rural como en lo urbano.
En este espacio se ha hablado en reiteradas oportunidades sobre la necesidad de establecer acuerdos de coordinación y articulación entre municipios que hacen parte del área metropolitana de Bucaramanga como un imperativo categórico al momento de construir políticas públicas como planes de desarrollo e instrumentos de planificación, sin embargo, poco se ha hablado de la importante labor que deben tener los departamentos en la prospectiva de las regiones como ese vehículo para lograr una visión supramunicipal estableciendo líneas estratégicas que faciliten la ejecución de proyectos, gestión de manera eficiente de los recursos compartidos y promoción de acciones sobre un territorio que abarca más de un municipio, convirtiéndose en el gran planificador, a pesar de no contar con un territorio para determinar y regular usos de suelo al ser Colombia un país municipalista según la Constitución Política Nacional de 1991.
Con el objetivo de ejemplificar lo antes mencionado y el rol que debe asumir la Gobernación como la entidad planificadora del departamento, tomo como ejemplo de lo que no se debe hacer al momento de ejecutar un proyecto de importancia regional, la construcción del Anillo Vial Externo que comunica Girón y Piedecuesta, municipios que hacen parte del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB). Como primer punto, a pesar de contar con diferentes instrumentos de financiación como la concesión y la valorización, la actual administración optó por la menos provechosa para el futuro de los santandereanos que son las “vigencias futuras”, sin tener en cuenta que los predios aledaños a la vía van a tener un plus valor con ocasión de la obra y se van a beneficiar sin contraprestación alguna a favor del Estado. Respecto a la planeación territorial alrededor del proyecto, no hay un Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial que establezca un modelo de ocupación futuro para la zona, los planes de ordenamiento de los municipios intervenidos no tienen contemplado un desarrollo orientado al transporte para la generación de suelos con servicios públicos esenciales, situación que debe ser corregida para evitar la proliferación de asentamientos humanos tal como sucede en la Transversal Oriental en Floridablanca. ¿Cómo integra el proyecto adelantado por la Gobernación de Santander el sistema integrado de movilidad y transporte que incluye el Transporte Masivo (SITM), bicicletas, red peatonal y Transporte Público Colectivo (TPC)?
Otros ejemplos de falta de coordinación de acciones a nivel metropolitano y regional es el manejo de las basuras que por ley y acuerdo del AMB es competencia de los municipios que se benefician de dicho servicio, gestión que debería ser liderada y articulada por el señor Gobernador. Con el cierre de El Carrasco, se avecina en el corto plazo un caos de proporciones épicas al no contar con una estrategia integral que involucre a todos los mandatarios y sus equipos de trabajo, evitando un problema de salubridad pública en la región. Respecto al ordenamiento territorial rural como base de la seguridad alimentaria del departamento y elemento esencial en la elaboración de planes de ordenamiento territorial en cada municipio, es de mi conocimiento que, en reiteradas oportunidades la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) intentó suscribir acuerdos con la Gobernación de Santander, sin respuesta alguna por parte de la administración.
Los próximos gobernadores del país deben ser los primeros pensadores del territorio y del desarrollo económico, con un modelo de ordenamiento territorial que conciba el departamento de forma integral y funcional, brindando orientaciones a cada municipio en las formas de ocupar el suelo de manera armónica y eficiente a largo plazo, articulando programas y planes de nivel nacional que incidan en el territorio con modelos de gobernanza que incluyan lo político, instrumentos de planeación como el Plan de Ordenamiento Departamental (POD) y un marco institucional robusto por el bien de la ciudadanía, con sistemas de movilidad y transporte eficientes, servicios públicos de calidad, sistemas de equipamientos en salud y educación para todos. Al día de hoy, Santander ocupa un deshonroso puesto 18 entre 32 departamentos en infraestructura vial y municipios como Barichara, patrimonio cultural de la nación, con serios problemas de agua potable, situación que debe cambiar urgente por el bien de la región.
