Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)Una mujer de 52 años, desplazada por el conflicto armado y residente temporalmente en Santander, pide apoyo urgente para trasladar los restos de su hija de 15 años, quien desapareció hace nueve años en el Putumayo. Hace un año, la Fiscalía encontró su cuerpo descuartizado en una fosa común entre Caquetá y Putumayo, pero solo recientemente confirmaron su identidad mediante pruebas de ADN.
La madre, quien solicitó mantener su identidad en reserva debido a amenazas recibidas por grupos paramilitares, narró cómo perdió a su hija en 2015 mientras trabajaba en una finca en Putumayo. Tras años de búsqueda y desplazamientos forzados, huyó de su lugar de origen y se radicó inicialmente en Popayán, donde sufrió agresiones que dejaron graves cicatrices en su espalda. Actualmente reside en Bucaramanga, donde realiza trabajos domésticos para sobrevivir.
“La encontraron descuartizada, en pedacitos, y estaba embarazada de tres meses cuando la mataron. La Fiscalía la halló tras mi denuncia, pero no tengo los medios para trasladar su cuerpo. Necesito darle una cristiana sepultura”, relató entre lágrimas.
Aunque es reconocida como víctima del conflicto armado por la Unidad de Víctimas, las ayudas se limitan a su lugar de registro en Putumayo. Este obstáculo administrativo, sumado a la falta de recursos por parte de las instituciones al cierre del año, ha impedido que reciba el apoyo necesario para el traslado.
Además, el proceso para transferir su expediente a Santander es largo y podría tomar meses, mientras su hija permanece en una zona remota y de difícil acceso, controlada por grupos armados.
La madre estima que necesita más de 6 millones de pesos para cubrir los costos del traslado: pasajes de ida y vuelta, gastos logísticos en una región donde se requiere viajar en lancha por más de ocho horas, y los servicios funerarios.
“No tengo familia ni nadie que me ayude. Me he cansado de pedir apoyo al gobierno, pero sigo sin recibir nada. Solo quiero traer a mi hija y darle la despedida que merece”, expresó.
La mujer hace un llamado a la solidaridad de los santandereanos y cualquier entidad que pueda contribuir para aliviar su tragedia. Este caso refleja las dificultades que enfrentan las víctimas del conflicto armado en Colombia, no solo para encontrar justicia, sino también para cerrar un ciclo de dolor y pérdida.