Matando por odio

Por: Juanita Tovar

Colombia está al borde del colapso moral. Cada tanto, un crimen atroz nos recuerda que este país sigue siendo un territorio hostil para quienes se atreven a ser diferentes. Esta vez fue Sara Millerey González Borja, una mujer trans de 32 años, brutalmente golpeada, arrojada a una quebrada en Bello, Antioquia, y dejada allí para morir. No por accidente. No por azar. Por odio. Por transfobia.

Las imágenes de Sara, con los brazos y piernas fracturados, sujetándose con lo último de su fuerza a unas ramas, pidiendo ayuda, son una radiografía dolorosa de lo que somos como sociedad. En el video que circuló en redes, nadie la auxilió mientras grababan su agonía. El morbo fue más rápido que la compasión. Esa escena, más que un registro, es un espejo que nos arroja de frente la pregunta: ¿qué clase de país ve sufrir a una persona y prefiere grabarla antes que socorrerla?

Su muerte, aunque desgarradora, no es un caso aislado. En apenas tres meses de este 2025, la Defensoría del Pueblo ya ha registrado al menos trece asesinatos de personas LGBTIQ+, la mayoría de ellos marcados por la sevicia, la tortura, el ensañamiento. Y solo en Medellín han sido seis. ¿Qué está haciendo el Estado para detener esta masacre silenciosa?

No podemos hablar de seguridad ni de democracia mientras las personas LGBTIQ+ sigan siendo asesinadas con semejante impunidad. Por otro lado, el caso de José Leonardo Quevedo Turizo, quien fue condenado a 39 años por el asesinato de al menos cuatro personas LGBTIQ+ en Bogotá, también debería estremecernos. Actuó durante años con el mismo modus operandi, contactando a sus víctimas por aplicaciones de citas para luego robarlas y asesinarlas. ¿Cuántos más están operando así, en la sombra, mientras la sociedad mira hacia otro lado?

El mensaje es claro: ser LGBTIQ+ en Colombia sigue siendo una sentencia de riesgo. No por lo que se es, sino por lo que la sociedad se niega a aceptar y a respetar. Porque detrás de cada crimen hay una estructura que lo permite: un sistema judicial lento, una institucionalidad indiferente y una educación que sigue alimentando prejuicios en vez de enseñar el respeto por la vida y la integridad del prójimo.

La lucha por la vida digna de las personas LGBTIQ+ no es un capricho identitario ni una bandera ideológica. Es un imperativo ético. Colombia no puede seguir midiendo su progreso con leyes sobre el papel.

Ya basta de mirar hacia otro lado. Si este país quiere hablar de paz, primero tiene que dejar de matar a su propia gente. El caso de Sara Millerey, como el de tantas otras víctimas, debe ser gritado hasta que la justicia deje de ser una excepción.