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Mayor de la policía afrontará acusaciones por coerción a exniñera presidencial

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Resumen

La Fiscalía General de Colombia ha llamado a una audiencia de imputación de cargos a Duván Andrés Muñoz Hernández, mayor de la Policía Nacional, por presión indebida y amenazas a la ex-niñera de Laura Camila Sarabia, ex-jefa de gabinete presidencial.

Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
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Bogotá, Colombia - La justicia colombiana toma acción en un caso que implica a altos funcionarios de la fuerza pública. La Fiscalía General de la Nación ha llamado a una audiencia de imputación de cargos frente a Duván Andrés Muñoz Hernández, mayor de la Policía Nacional. Dicha acción surge bajo la acusación de ejercer una indebida presión y amenazas sobre Marelbys Meza Buelvas, quien fuera niñera del hijo de Laura Camila Sarabia, ex-jefa de gabinete de la presidencia de la República.

Este incidente surgió a raíz de un episodio ocurrido en enero de 2022, cuando se reportó un faltante de dinero en la residencia de Sarabia Torres. Como respuesta, Muñoz Hernández, perteneciente a la jefatura de protección de la presidencia, ordenó que Meza Buelvas fuera conducida a un edificio cercano a la casa de Nariño, donde se le practicó un polígrafo de forma irregular.

En el marco de los hechos, y según los detalles aportados por la investigación, a la exniñera le fue retirado su teléfono móvil, el cual permaneció bajo la custodia de Muñoz Hernández por un lapso cercano a la hora. Durante este tiempo, el mayor habría ejercido una presión indebida, empleando expresiones despectivas y amenazas de encarcelamiento, con el objetivo de que Meza Buelvas confesara el supuesto hurto.

Ante tales acciones, Muñoz Hernández enfrentará cargos por constreñimiento ilegal. Se aguarda aún que la judicatura estipule la fecha para llevar a cabo la imputación. El caso del mayor no es aislado, pues otros dos uniformados han sido objeto de imputaciones similares. En un giro de acontecimientos, el agente de la Sijín, Alexander Gómez, se ha puesto a disposición de las autoridades de manera voluntaria, después de que un juez ordenara su recaptura.

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