Menores atendidos por aparente abuso habrían vuelto a vivir con su agresor

Indignante caso

La secretaria de Desarrollo Social de Santander, Marisol Pinzón Sierra expresó su rechazo ante esta situación en una entrevista exclusiva para EL FRENTE en el marco de la investigación que se adelanta en Floridablanca.

En un desgarrador suceso que ha conmocionado a la comunidad santandereana, dos menores, una niña de ocho y un niño de diez años, fueron presuntamente víctimas de abuso sexual a manos de su abuelo materno en el municipio de Floridablanca. Las autoridades, encabezadas por la Secretaría de Desarrollo Social, activaron de inmediato la ruta de protección de la mano del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Comisaría de Familia y la Fiscalía General de la Nación, en un esfuerzo conjunto por salvaguardar los derechos de los menores afectados.

Prioridad: la integridad y seguridad de los menores

Inicialmente, la Secretaria de Desarrollo Social de Santander, expresó la urgencia de actuar para proteger a los niños, asegurando que no retornen a un entorno de riesgo. "Nuestra prioridad es proteger a los menores y garantizar que no vuelvan a un entorno donde podrían estar en peligro. Hemos hecho presencia en el hospital de Floridablanca para verificar el estado de los niños, y aunque la situación corresponde al ICBF, estamos en constante seguimiento para asegurar que el proceso de restablecimiento de derechos se lleve a cabo adecuadamente”, enfatizó Pinzón Sierra.

El personal médico del Hospital San Juan de Dios en Floridablanca ha sido fundamental en esta fase inicial, ofreciendo una atención integral a los niños y realizando evaluaciones psicológicas para recoger sus testimonios.

Según las declaraciones del equipo psicosocial, los menores manifestaron que llevaban meses soportando tocamientos inapropiados, una situación que hasta ahora no había sido visibilizada ante las autoridades y que, ante el clamor de los pequeños, se ha podido establecer situaciones de abuso que serían suficientes para que estos infantes no vuelvan a estar en contacto con su agresor.

El caso reviste mayor complejidad debido al historial familiar de los menores. Se conoce que hace dos años el abuelo materno fue denunciado por violencia intrafamiliar, aunque las autoridades cerraron la investigación ante la falta de pruebas concluyentes. Actualmente, el padre de los niños se encuentra privado de la libertad, lo cual deja a los menores en una situación familiar vulnerable y con un limitado círculo de apoyo.

A esto, se le suma el hecho de que la madre de los niños pidió que el proceso que se adelantaba fuese detenido, razón por la cual, los menores habrían regresado a la misma casa en la que se habrían cometido estos vejámenes anteriormente denunciados.

Responsabilidad institucional y atención integral

Actualmente, se supo que los niños se encontraban bajo la custodia del ICBF y bajo la supervisión de la Fiscalía, mientras que se adelantan investigaciones detalladas para esclarecer los hechos y definir la custodia de los menores. La secretaria Pinzón Sierra manifestó que la Gobernación mantendrá su respaldo y acompañamiento en el proceso: “Aunque el caso corresponde a Bienestar Familiar, nuestra intención es asegurar que no se vuelva a cometer el error de dejar a estos menores en una situación de riesgo. Somos respetuosos de las decisiones administrativas o jurídicas que se toman, pero si queremos que la Procuraduría sea garante y revise este tema porque hacemos un llamado para que la gente denuncie, para que los niños hablen, pero si no les damos garantías entonces ¿Qué mensaje estamos dando? Esto es un trabajo para que todos estemos articulados”.

Por su parte, Sandra Cortés, trabajadora social del hospital, también se pronunció sobre el caso, señalando que los niños durante su estancia en el instituto médico recibieron apoyo psicosocial y atención médica. "Luego de la evaluación inicial, se les hizo una atención de salud integral” Explicó Cortés.

Este caso pone en evidencia la importancia de reforzar las medidas de protección a la niñez en Santander y en todo el país. Casos como estos reflejan la necesidad urgente de establecer sistemas de alerta que permitan intervenir antes de que el daño sea irreversible. La Gobernación de Santander ha ratificado su compromiso de trabajar junto a todas las instituciones competentes para brindar un entorno seguro y confiable para los niños.

La Gobernación de Santander no solo ha puesto en marcha las acciones institucionales pertinentes, sino que ha hecho un llamado a la ciudadanía para involucrarse en la protección de los menores. “La Gobernación de Santander hace un llamado a la ciudadanía para escuchar a nuestros niños y creer en sus palabras. Las manifestaciones de rechazo o incomodidad hacia ciertas personas pueden ser señales de alerta importantes. Creerles y actuar con prontitud es clave para prevenir posibles situaciones de abuso o desaparición”, destacó Pinzón Sierra.

Activación de la línea 441 para reportar situaciones de riesgo

La Secretaría de Desarrollo Social recuerda a la ciudadanía la importancia de actuar ante cualquier sospecha de riesgo para los menores. Para este fin, han habilitado la línea 441, destinada a recibir información y denuncias, y que permitirá activar los protocolos de protección para atender rápidamente cualquier caso de maltrato o abuso infantil. Pinzón Sierra hizo un llamado a la comunidad: “Escuchar, estar atentos y actuar puede ser la diferencia entre proteger a un menor o exponerlo a un peligro prolongado”.

Finalmente, la Gobernación y la Secretaría de Desarrollo Social de Santander esperan que este caso marque un precedente en la protección infantil y que las autoridades y la comunidad trabajen conjuntamente para evitar tragedias similares. Como afirmó Pinzón Sierra: “No podemos permitir que estos actos queden impunes. Debemos proteger a los menores y garantizar que sus derechos se respeten y restablezcan”.