Metrolínea agoniza y el Gobierno Nacional se niega a desconectarla

La controversia sobre la disolución de Metrolínea S.A., el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) de Bucaramanga, ha escalado hasta convertirse en un punto de fricción entre el Gobierno Nacional y los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. A pesar de la grave crisis financiera que enfrenta el sistema de transporte, el Ejecutivo central se ha opuesto de manera tajante a la liquidación de la empresa, lo que ha generado un creciente malestar en los alcaldes de la región y una clara incertidumbre sobre el futuro del servicio.

Metrolínea ha acumulado una deuda cercana a los $500 mil millones, lo que ha puesto en evidencia la inviabilidad económica del sistema de transporte masivo en el área metropolitana de Bucaramanga. Esta situación se ha visto agravada por la renuncia del gerente Emiro José Castro Meza, quien dejará el cargo el 27 de abril de 2025 tras solo tres meses al frente de la entidad. Castro citó la "constante inestabilidad y la incertidumbre jurídica" como razones fundamentales para su decisión, destacando que la falta de claridad sobre el futuro del sistema ha afectado su desempeño.

A pesar de la crítica situación financiera, los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta, a través de sus alcaldes, votaron en la Asamblea General de Accionistas en favor de la liquidación de Metrolínea. La medida, impulsada por la Alcaldía de Bucaramanga, tenía como objetivo reestructurar el sistema de transporte, dando paso a un modelo más viable y sostenible. Sin embargo, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y el Ministerio de Hacienda, ejerció su poder al contar con el 70% de las acciones, bloqueando la iniciativa de los municipios.

El papel del Gobierno Nacional

El Estado colombiano ha sostenido su postura en contra de la liquidación de Metrolínea, argumentando que no es necesario disolver la entidad, a pesar de los problemas financieros. Esta negativa se ha interpretado como un "abuso de mayorías" por parte de la administración central, que ha utilizado su dominio en la votación para mantener la estructura actual del sistema, a pesar de que los municipios han señalado que la continuidad de Metrolínea no es financieramente viable.

Según el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, la ciudad ha estado asumiendo de manera individual los costos operativos de Metrolínea, sin el apoyo de los demás municipios del área metropolitana. Beltrán ha denunciado que la administración de la ciudad no puede seguir enfrentando sola la crisis del sistema, y que el Gobierno Nacional debería reconocer la situación crítica del transporte masivo y permitir una reestructuración profunda.

La base legal para solicitar la liquidación de Metrolínea se encuentra en el artículo 4 de la Ley 2069 de 2020, que contempla la figura de "no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha". Esta causal, que ya había sido reconocida y debatida en la Asamblea General de Accionistas del 23 de agosto de 2023, establece que cuando una entidad acumula altos pasivos y no puede continuar operando de manera viable, puede proceder a su disolución. La administración municipal de Bucaramanga había adelantado todos los trámites necesarios con el respaldo del Concejo Municipal, basándose en esta legislación para solicitar la liquidación.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los alcaldes para avanzar en este proceso, el Gobierno Nacional bloqueó la medida. Con un 70% de control en la Asamblea, el Ejecutivo utilizó su mayoría para rechazar la propuesta de disolución, lo que deja a los municipios metropolitanos en una situación de impotencia ante la falta de soluciones a los problemas financieros del sistema.

Crisis operativa

La renuncia del gerente Emiro Castro, refleja la creciente frustración en el seno de Metrolínea. La constante incertidumbre sobre la viabilidad del sistema y la falta de soluciones claras por parte del Gobierno Nacional han puesto en riesgo la estabilidad del sistema de transporte, que actualmente opera con serias limitaciones. El operador Metrocinco Plus, encargado de prestar el servicio, cuenta con apenas dos buses en funcionamiento, lo que genera aún más incertidumbre sobre la continuidad del servicio.

En este contexto, la Alcaldía de Bucaramanga ha anunciado que evaluará la posibilidad de emprender acciones judiciales para forzar la liquidación de Metrolínea, defendiendo los intereses públicos y la sostenibilidad financiera del sistema. Los alcaldes de Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta han señalado que, aunque la decisión del Gobierno Nacional ha dejado al área metropolitana en una situación difícil, no están dispuestos a abandonar la búsqueda de una solución para el transporte público de la región.

El futuro de Metrolínea y del transporte masivo en Bucaramanga se encuentra en un punto crítico. La falta de claridad sobre quién asumirá la financiación del sistema y la incapacidad de resolver los problemas de liquidez del ente gestor generan serias dudas sobre la sostenibilidad del servicio. La negativa del Gobierno Nacional a permitir la reestructuración mediante la liquidación ha dejado a los municipios en una posición vulnerable, sin un plan claro para la transición hacia un modelo de transporte más eficiente y económico.

La situación refleja una desconexión entre las autoridades locales, que están luchando por encontrar una solución viable, y el Gobierno Nacional, que parece aferrarse a un modelo que ya ha demostrado ser insostenible. Ante la imposibilidad de lograr una solución a través de los mecanismos políticos y administrativos disponibles, los alcaldes han comenzado a contemplar la vía judicial como la única opción para hacer valer sus derechos y asegurar el futuro del sistema de transporte masivo en la región.