Militares rompen pacto de silencio: contaron todo sobre la más pavorosa masacre en Barrancabermeja

Un extenso especial sobre las declaraciones de los exmilitares que formaron parte del Batallón Nueva Granada realizó Caracol Radio, reportaje periodístico en el que se detalló la participación por acción y omisión de la incursión paramilitar que dejó siete muertos y al menos 25 desaparecidos: la pavorosa noche de la masacre del 16 de mayo.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Durante casi tres décadas, la Masacre de Barrancabermeja permaneció envuelta en una densa niebla de silencios, omisiones y versiones oficiales fragmentadas. Hoy, ese muro comienza a resquebrajarse, luego de una investigación periodística realizada por la Unidad Investigativa de Caracol Radio, la cual tuvo acceso exclusivo a confesiones inéditas rendidas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a informes judiciales que exponen, con nombres, rangos y órdenes concretas, la responsabilidad directa de miembros del Ejército Nacional en la facilitación de uno de los crímenes más atroces del conflicto armado urbano en Colombia.

Las revelaciones no solo comprometen a oficiales de alto rango del Batallón Nueva Granada, con sede en Barrancabermeja en 1998, sino que desmontan la versión histórica según la cual la incursión paramilitar fue un hecho sorpresivo e imposible de contener por parte de la Fuerza Pública.

Barrancabermeja quedó a merced del terror

El 16 de mayo de 1998, mientras la comunidad del barrio El Campín, en la comuna 7 de Barrancabermeja, realizaba un bazar popular para recolectar fondos destinados a un grupo de danza, un comando armado de las Autodefensas de Santander y el Sur del Cesar (AUSAC) irrumpió violentamente en la zona.

Encapuchados, armados con listas y con absoluto control del territorio, los hombres bajo el mando de alias “Camilo Morantes”, junto a “Panadero” y “Fremio”, asesinaron a siete personas y secuestraron a por lo menos 25 más. De estas, 15 continúan desaparecidas.

Durante cerca de 40 minutos, los paramilitares recorrieron calles, sacaron personas de sus casas, degollaron a varias víctimas y se llevaron a otras en camionetas que salieron de la ciudad sin encontrar un solo retén militar o policial activo.

La pregunta que durante años quedó sin respuesta fue sencilla y perturbadora: ¿Cómo pudo ocurrir una masacre de esa magnitud en una ciudad militarizada sin que el Ejército interviniera?

Las confesiones conocidas hoy señalan directamente a la cúpula del Batallón Nueva Granada como responsable de permitir la incursión, ordenar la inacción de las tropas y facilitar la huida de los paramilitares.

Los oficiales mencionados son: Coronel Óscar Diego Sánchez Vélez, comandante del Batallón Nueva Granada en 1998; Mayor Juan Carlos Barrera Jurado, segundo comandante del batallón; Mayor Carlos Eduardo Ávila Avendaño, jefe de operaciones del batallón.

Durante años, estos nombres aparecieron tangencialmente en investigaciones preliminares. Hoy, tres exmilitares comparecientes ante la JEP los señalan de forma directa, afirmando que guardaron silencio durante 27 años para proteger a sus superiores.

El mayor que decidió hablar

Una de las declaraciones más graves y reveladoras es la del mayor Oswaldo Prada Escobar, quien para la época de los hechos ocupaba un cargo clave dentro del área de inteligencia del Batallón Nueva Granada.

Ante los magistrados de la JEP, Prada confesó que dos días antes de la masacre, el 14 de mayo de 1998, participó en una reunión en la que se discutió abiertamente la incursión paramilitar en la comuna 7.

En ese encuentro estuvieron presentes el coronel Sánchez Vélez, el mayor Ávila Avendaño y dos de los futuros ejecutores de la masacre: alias “Panadero” y “Fremio”.

Según su testimonio, se le informó que ingresarían hombres encapuchados para realizar “propaganda negra” contra las Farc y “levantar” a dos supuestos cabecillas guerrilleros. Para facilitar la operación, el comandante del batallón ordenó asignarles un guía, conocido como alias “Maicol”.

Prada admitió que era evidente que se trataba de paramilitares, y que los mandos militares tenían pleno conocimiento de ello.

El mayor Prada reveló además que, la noche de la masacre, los altos mandos del batallón se ausentaron deliberadamente, supuestamente para asistir a una reunión en una base de la Armada, un encuentro cuya existencia y propósito hoy son materia de investigación por parte de la JEP.

De manera paralela, se impartieron órdenes precisas: las tropas ubicadas en las bases de ISA y Pozo 7 debían permanecer acuarteladas y no salir bajo ninguna circunstancia, con el fin de no interferir en el ingreso ni en la salida de los paramilitares.

Cuando Prada comprendió que no se trataba de un simple secuestro selectivo, sino de una masacre en curso, buscó sin éxito al mayor Barrera Jurado. Nadie respondió.

Posteriormente, según su declaración, el mayor Ávila Avendaño intentó emitir órdenes operacionales “de papel” para simular una reacción militar, pero ninguna fue firmada ni ejecutada.

Inmóvil en su puesto

Años después, ya privado de la libertad, Prada asegura que fue contactado por el mismo mayor Ávila, quien le pidió mantener el pacto de silencio. “Nos usaron para no hacer nada y para que ellos salieran limpios”, afirmó ante la JEP.

La versión de Prada coincide de forma plena con la confesión del capitán (r) Álvaro Enrique Daza Camargo, quien comandaba una de las bases desplegadas en Barrancabermeja.

Daza reconoció que un día antes de la masacre fue informado de la incursión paramilitar y recibió la orden directa de no intervenir, instrucción ratificada por el propio coronel Sánchez Vélez. La noche del 16 de mayo, mientras la población pedía auxilio, el capitán permaneció inmóvil en su puesto.

Ante la JEP, entre lágrimas, reconoció la carga moral de haber obedecido una orden que permitió el asesinato y desaparición de civiles indefensos. También afirmó que fue el mayor Carlos Ávila Avendaño quien ordenó levantar los retenes, permitiendo que las camionetas con los secuestrados salieran sin obstáculos hacia San Rafael de Lebrija.

El tercer testimonio clave es el del capitán (r) Jorge Eduardo González, exsubjefe de seguridad de Ecopetrol en Barrancabermeja y enlace entre la inteligencia militar y los grupos paramilitares.

González admitió haber sido el punto de contacto con estructuras de las Autodefensas, incluyendo a alias “Doble Cero”, con conocimiento de altos directivos de seguridad de la estatal petrolera y de oficiales del Ejército.

Reconoció que participó en la planeación de la incursión paramilitar, cuyo objetivo declarado era “neutralizar” a presuntos guerrilleros y consolidar el control territorial de las Autodefensas sobre Barrancabermeja. “Nadie esperaba 25 secuestrados y 7 muertos”, afirmó, una frase que revela no ignorancia, sino normalización del uso de la violencia ilegal como herramienta de control.

Las confesiones coinciden con declaraciones previas de Mario Jaimes, alias “Panadero”, rendidas ante Justicia y Paz, donde describió con detalle la colaboración de la Fuerza Pública para ejecutar la masacre y retirarse sin resistencia.