Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Los pequeños y medianos mineros presentaron 7 propuestas técnicas, legales y sociales que el Ministerio de Ambiente se comprometió a evaluar y responder, por escrito, antes de emitir nuevas resoluciones de áreas de reserva. Las propuestas mineras plantean soluciones a las problemáticas por el Decreto 044 y otras normas que buscan prohibir la minería, el apoyo a la formalización minera, los impactos socioeconómicos de prohibir la minería en algunos territorios, y el respeto al Acuerdo de Escazú, entre otros temas.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
Líderes mineros de Antioquia, el Bajo Cauca, Boyacá, Santander y Putumayo, vieron con buenos ojos los compromisos hechos por la Ministra de Ambiente, Susana Muhamad, luego dela primera mesa de concertación luego de que se levantara el Paro Minero el pasado 26 de octubre.
El principal acuerdo logrado, y que fue tomado con optimismo por los pequeños y medianos mineros, fue el compromiso del Ministerio de Ambiente de no decretar nuevas áreas de reserva temporal sin que se dé un proceso de concertación con las comunidades afectadas, y sin que se garantice el cumplimiento del Acuerdo de Escazú.
Según indicó Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas y delegada por la Coordinadora Nacional Minera para las discusiones sobre el Decreto 044, “calificamos como positiva la reunión que sostuvimos el pasado 5 de noviembre en el Ministerio, pues confiamos en la declaración expresa de la Ministra quien indicó que no va a adoptar actos administrativos para crear nuevas reservas, hasta que se hagan todas las reuniones de concertación que las comunidades han solicitado. Queremos confiar en que la Ministra cumplirá su palabra”.
La líder minera aseguró que “nos citaron a una mesa de discusión donde presentamos un paquete de 7 propuestas claras y muy bien sustentadas, que la Ministra escuchó atentamente y se comprometió a responder por escrito. Le hemos planteado al Ministerio cómo la declaratoria de áreas de reserva que prohíben la minería hasta por 10 años como se pretende hacer con el polémico e inconsulto Decreto 044 de 2024 o el artículo 47 del Código de Recursos Naturales Renovables, ha generado incertidumbre en muchos territorios, que llevan más de una década sin poder ejercer la minería legal y responsable, y condenando a miles de familias a la pobreza y la ilegalidad”.
De acuerdo con lo expresado por los líderes mineros, territorios con reconocida tradición minera como Pisba (Boyacá), el Sur de Bolívar, están en una incertidumbre hace muchos años, lo que ha frenado los procesos de formalización minera que garantizan el cuidado del medioambiente y la reinversión social.
“Hemos pedido que el Ministerio de Ambiente se abstenga de prorrogar reservas temporales declaradas en el marco del Decreto 1374 de 2013 como ya lo hizo este Gobierno con dos resoluciones en el año 2023, revisar las zonas temporales creadas que están afectando a las comunidades, y se deroguen también las resoluciones que afectaron territorios en Boyacá, el Magdalena o Antioquia”, indicó González.
Sí hay alternativas
Los mineros reafirmaron que el arbitrario Decreto 044 de 2024 permite que se declaren nuevas reservas sin soportarse en estudios previos de alcance técnico, económico, social y ambiental que justifiquen la adopción de las medidas como lo exige la ley.
“Solicitamos realizar en conjunto con Ministerio de Hacienda y Ministerio de Minas estudios territoriales que precisen los impactos socioeconómicos de las reservas en cada uno de nuestros territorios, y que sean estudios concertados con las comunidades, y con la participación de profesionales y líderes de cada territorio”, indicó González.
Entre las propuestas de los mineros, que están siendo evaluadas por el Ministerio de Ambiente, también se destaca que el Gobierno Nacional priorice todos los procesos de formalización minera ya existentes, independiente de su modalidad, como alternativa para enfrentar la ilegalidad.
“Valoramos que todo el proceso de definición de reservas temporales sea concertado con las comunidades, y exigimos que se cumpla con el respeto de los derechos de acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia ambiental, y las disposiciones de la Corte Constitucional y el Acuerdo de Escazú”, concluyó la presidenta de Asomineros.
Durante la reunión, que contó con la garantía de la Procuraduría General de la Nación y la participación de más de 30 representantes de las comunidades mineras y el Gobierno Nacional, se pidió al Ministerio de Ambiente la conformación de un grupo de seguimiento a los acuerdos y cronogramas que permitieron levantar el Paro minero, en donde se encuentre la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Interior, y los Alcaldes y gobernadores de municipios y territorios con evidente identidad minera de todo el país.
Contexto: “Más que un decreto es una maldición”
El polémico Decreto 044, impulsado por la Ministra de Ambiente, Susana Muhamad, no ha sido concertado con las comunidades y hoy es rechazado y demandado por la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Fenalcarbón, Andi, Asocars, titulares mineros, gobernadores, congresistas y líderes políticos y mineros de todo el país.
Este Decreto ha causado la protesta de más de 50 mil mineros, quienes durante el mes pasado y a lo largo de 5 días realizaron un paro nacional para rechazar una normativa que amenaza sus derechos y su sustento.
Resulta desconcertante que el Ministro Camacho, quien debería proteger al sector, intente “hacerle conejo” a las comunidades mineras de Santander, Córdoba, Chocó y Boyacá entre otras, dejando a miles de pequeños y medianos mineros sin representación en las mesas de negociación en Caucasia. Esta exclusión desprecia la importancia de estas comunidades, menosprecia sus derechos y subestima el devastador impacto que generaría el Decreto 044, que paralizaría proyectos mineros hasta por cinco años, sin distinguir entre aquellos que están en operación, estudios técnicos o en proceso de licenciamiento.
En Santander, se pretende justificar la exclusión del decreto de la mesa de negociación alegando que las protestas son predominantemente campesinas. Sin embargo, más de 2,000 pequeños y medianos mineros legales ya se manifestaron el pasado 16 de octubre frente al Ministerio de Ambiente, marcharon en Bogotá solicitando medidas cautelares al Consejo de Estado, y continúan haciendo presencia en puntos de bloqueo en el departamento.
