Minería ilegal en el Tolima: el problema ya no es solo ambiental
La minería ilegal en el Tolima afecta ríos, seguridad y gobernanza, por lo que no puede enfrentarse solo como un problema ambiental.
La minería ilegal en el Tolima afecta ríos, seguridad y gobernanza, por lo que no puede enfrentarse solo como un problema ambiental.
Los puntos clave serán generados automáticamente por IA y revisados por la redacción de El Frente.
El contexto histórico y los antecedentes serán generados a partir del archivo periodístico de El Frente.
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Por: PhD. Angie Tatiana Ortega Ramírez*
La expansión de la minería ilegal en el sur del Tolima está revelando un problema que va mucho más allá de la extracción ilícita de minerales. Detrás de las retroexcavadoras que remueven cauces y suelos existe un desafío que combina deterioro ambiental, seguridad, economías ilegales, gobernanza territorial y falta de alternativas económicas sostenibles.
El dato más reciente permite dimensionar el fenómeno. De acuerdo con información de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), durante 2026 se han identificado 491 hectáreas afectadas por minería ilegal, más del doble de las 232 hectáreas inicialmente registradas durante el año.
La preocupación aumenta cuando se observa dónde están ocurriendo estas transformaciones. Parte de las afectaciones se concentra sobre sistemas hídricos como los ríos Saldaña y Amoyá y diferentes quebradas de importancia para el territorio. La alteración de estos ecosistemas puede generar efectos que van mucho más allá del área directamente intervenida y cuya recuperación puede tomar décadas.
Pero hay otro elemento que debe entrar con mayor fuerza en la conversación nacional: la minería ilegal también es un problema de seguridad y gobernanza.
Según información de autoridades departamentales, las economías asociadas a la extracción ilegal de oro pueden movilizar miles de millones de pesos mensuales. En determinados territorios, estos recursos pueden alimentar estructuras criminales y fortalecer dinámicas de control territorial. Por eso, enfrentar el fenómeno exclusivamente desde la perspectiva ambiental resulta insuficiente.
Tampoco toda la minería representa la misma realidad. Colombia debe diferenciar entre minería legal, minería tradicional, actividades en proceso de formalización y minería ilegal. Confundir estas categorías puede conducir a decisiones de política pública que no respondan adecuadamente a las condiciones sociales y económicas de cada territorio.
La solución tampoco puede reducirse a retirar maquinaria. Los operativos son necesarios, pero deben formar parte de una estrategia más amplia que incluya vigilancia ambiental con tecnología, trazabilidad del oro, fortalecimiento institucional, formalización cuando sea viable, restauración de ecosistemas y generación de alternativas productivas.
Aquí la academia tiene un papel relevante. Las universidades pueden contribuir con investigación aplicada, monitoreo ambiental, innovación tecnológica y formación de profesionales capaces de abordar problemas territoriales desde diferentes disciplinas. La experiencia y conocimiento de instituciones como la Universidad de América, con capacidades académicas en ingeniería y desarrollo sostenible, pueden aportar a esta conversación nacional.
El Tolima enfrenta, en consecuencia, una discusión que debería interesarnos a todos: cómo lograr que la protección ambiental, la seguridad, la legalidad y el desarrollo económico no compitan entre sí, sino que hagan parte de una misma estrategia territorial.
Porque el verdadero desafío no consiste únicamente en detener una retroexcavadora. Consiste en construir las condiciones para que mañana no sea necesario volver a detenerla.
* Docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de América.
