Minería ilegal se triplicó en Santurbán debido a la ineficiencia para delimitar el páramo

El Ministerio Público trasladó un informe a la Fiscalía para que investigue rigurosamente la problemática de minería ilegal dentro del Páramo de Santurbán, la cual según los organismos de control, se ha incrementado por los retrasos del Ministerio de Ambiente en la delimitación del Páramo Ordenada por la Corte Constitucional hace más de 8 años.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La Procuraduría denunció que un año después de haber sido declarada una Zona de Reserva Temporal por fuera del Páramo de Santurbán, el Ministerio de Ambiente aún no ha entregado los estudios técnicos y jurídicos que sustentaron el bloqueo de 75 mil hectáreas de Vetas, California, Suratá, Tona, Charta, Matanza y Bucaramanga.

Han trascurrido ya ocho años después de que la Corte Constitucional ordenara delimitar el Páramo de Santurbán, pese al mandato, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) sigue incumpliendo con esta medida, lo que ha generado un incremento sin precedentes de minería ilegal dentro de este ecosistema.

Así lo concluye el Vigésimo Quinto Informe de Seguimiento de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, el cual evidencia los reiterados retrasos, incumplimientosy vacíos de información por parte del Ministerio de Ambiente en este proceso.

“En consecuencia, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo consideran que los hechos advertidos permiten evidenciar indicios de un incumplimiento estructural y continuado de las obligaciones estatales orientadas a garantizar un proceso de delimitación participativo, transparente, eficaz y ajustado a los parámetros constitucionales establecidos por la Corte Constitucional”, concluyen el documento.

Según el informe, la no delimitación del Páramo, sumada a la declaratoria de una Zona de Reserva Temporal en 75 mil hectáreas por fuera de dicho ecosistema sin la concertación con las comunidades, “ha impedido un control efectivo institucional a fenómenos como la minería ilegal presentes en el territorio y que constituyen graves afectaciones al ecosistema natural”.

Según la Procuraduría y la Defensoría, el incumplimiento reiterado de los cronogramas, que ha dilatado la Delimitación del Páramo por más de ocho (8) años, ha “generando escenarios de incertidumbre jurídica, social, económica y ambiental para las comunidades rurales y autoridades territoriales del área de influencia del páramo de Santurbán”.

Ante esta alarmante situación, los organismos de control anunciaron el traslado del caso a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones correspondientes. “De igual manera, se dará traslado a la Fiscalía General de la Nación de este informe con sus anexos para lo de su competencia y en concreto con lo relacionado con actividades de minería ilegal en el área del paramo”, indica el documento.

El informe, afirma que de persistir los incumplimientos, los responsables podrían enfrentar las consecuencias disciplinarias y judiciales a que haya lugar, dado que durante el primer cuatrimestre de 2026 no se llevó a cabo ninguna de las 15 mesas de concertación que el propio MADS había comprometido en su cronograma.

A esto se suma que el MADS no ha actualizado integralmente el micrositio oficial desde la vigencia 2025, solo ha publicado seis de los 24 informes conjuntos elaborados por el Ministerio Público, y omitió divulgar actuaciones relevantes, entre ellas el Auto del 15 de enero de 2026 proferido por el Tribunal Administrativo de Santander.

Falta de transparencia sobre la Zona de Reserva Temporal

Además de la problemática por los incumplimientos en la delimitación del Páramo de Santaurbán, el contundente informe de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Defensoría revela que después de un año de la declaratoria de una Zona de Reserva Temporal en 75 mil hectáreas de los 6 municipios de Soto Norte y Bucaramanga, “el MADS ha incumplido con su deber de suministrar la información requerida por la PGN desde el año 2025, referente a la información técnica relacionada con las Resoluciones 0221 y 0239 de 2025”.

La Procuraduría y la Defensoría subrayan que esta documentación ha sido requerida en múltiples oportunidades sin obtener respuesta, situación que limita las labores de vigilancia institucional, restringe el acceso a información pública ambiental y dificulta la verificación técnica de una medida que afecta directamente a los municipios de Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga.

“Los habitantes de Soto Norte y Bucaramanga hemos denunciado, con pruebas y ante todas las instancias posibles, que la imposición de esta zona de reserva por fuera de Santurbán ha sido un atropello legal, ilegítimo y antitécnico. No solo vulnera los derechos fundamentales al trabajo y participación, sino que es absurdo que esa resolución se tramitara sin concertación y a las carreras en 97 días, y la delimitación lleve más de 2.920 días engavetada por la negligencia y la politiquería del Ministerio de Ambiente”, concluyó la líder minera.

Tanto la Procuraduría General de la Nación como la Defensoría del Pueblo exigen la adopción urgente de medidas verificables que permitan culminar la delimitación del páramo, fortalecer la transparencia del proceso y reforzar las acciones de control frente a la minería ilegal que amenaza este ecosistema estratégico.