Resumen
El Decreto 044, impulsado sin concertación, genera protestas del sector minero en Colombia por amenazar sus derechos y economía. Excluido de las negociaciones, los mineros exigen medidas cautelares al Consejo de Estado para frenar su impacto, que podría paralizar proyectos por cinco años.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
En una maniobra que genera indignación en el sector minero, el Ministro de Minas, Andrés Camacho, y la Viceministra de Ordenamiento del Territorio, Tatiana Roa Avendaño, quienes lideran las mesas de negociación en Caucasia (Antioquia) y Bucaramanga (Santander) respectivamente, están excluyendo de manera insólita el Decreto 044 de las discusión por el Paro Nacional Minero que ha generado protestas y bloqueos en 8 departamentos del país.
El polémico Decreto 044, impulsado por la Ministra de Ambiente, Susana Muhamad, no ha sido concertado con las comunidades y hoy es rechazado y demandado por la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Fenalcarbón, Andi, Asocars, titulares mineros, gobernadores, congresistas y líderes políticos y mineros de todo el país.
Este Decreto ha causado la protesta de más de 50 mil mineros, quienes desde hace una semana se encuentran en Paro para rechazar una normativa que amenaza sus derechos y su sustento.
Resulta desconcertante que el Ministro Camacho, quien debería proteger al sector, intente “hacerle conejo” a las comunidades mineras de Santander, Córdoba, Chocó y Boyacá entre otras, dejando a miles de pequeños y medianos mineros sin representación en las mesas de negociación en Caucasia. Esta exclusión desprecia la importancia de estas comunidades, menosprecia sus derechos y subestima el devastador impacto que generaría el Decreto 044, que paralizaría proyectos mineros hasta por cinco años, sin distinguir entre aquellos que están en operación, estudios técnicos o en proceso de licenciamiento.
En Santander, se pretende justificar la exclusión del decreto de la mesa de negociación alegando que las protestas son predominantemente campesinas. Sin embargo, más de 2,000 pequeños y medianos mineros legales ya se manifestaron el pasado 16 de octubre frente al Ministerio de Ambiente, marcharon en Bogotá solicitando medidas cautelares al Consejo de Estado, y continúan haciendo presencia en puntos de bloqueo en el departamento.
La presidenta de la Asociación de Mineros de Vetas, Ivonne González, expresó: “La Viceministra de Ordenamiento del Territorio, Tatiana Roa, intenta una ‘jugadita’ para sacar el Decreto 044 de la negociación. ¿Cuántas movilizaciones o personas protestando quieren para que respeten nuestros derechos? Este es un gobierno déspota y autoritario que no dialoga y que condena a la ilegalidad, pobreza y desplazamiento a miles de familias que vivimos de la minería en el país. Que sepa Colombia que la Ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y el silencioso Ministro de Minas, Andrés Camacho, serán responsables de que la minería ilegal, impulsada por los fusiles, se adueñe de nuestros territorios”.
Además, los mineros denuncian que el Gobierno intenta defender el decreto con el falso argumento de que las zonas de reserva no afectarían la producción agrícola. No obstante, la implementación arbitraria de estas áreas sin concertación ni estudios técnicos basados en el artículo 47 del Código Nacional de Recursos Naturales – que prohíbe concesiones de agua, sistemas de riego y aprovechamiento forestal y agrícola – expone claramente sus repercusiones negativas para las comunidades.
El Decreto 044 no protege ni defiende los páramos, que ya están protegidos bajo la Ley 1930. Su intención es crear zonas de reserva fuera de los páramos, en áreas como Jericó (Antioquia), La Guajira, Risaralda, Soto Norte (Santander), Cauca y Chocó, lugares que no son páramos y donde la minería es esencial para la economía local.
Según voceros de los pequeños mineros: “Quitarle la minería a estas comunidades es como quitarle el café al Quindío o el turismo a Cartagena. Es acabar con la economía de estos municipios y condenarlos al desplazamiento y la persecución”.
Los mineros advierten que el Decreto 044 pone en riesgo más de un millón de empleos directos e indirectos como lo ha dicho la ACM, Y podría causar la pérdida de 700 mil millones en regalías para proyectos ambientales, ha provocado ya una caída del 28% en la inversión extranjera directa y pone en peligro la formalización de mineros que buscan la legalidad. Todo esto amenaza gravemente el desarrollo económico y social de las regiones y familias que dependen de esta actividad.
Finalmente, los mineros exhortan al Consejo de Estado a defender sus derechos y a que, con carácter urgente, considere la declaratoria de medidas cautelares que frenen esta normativa arbitraria.
