Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El Ministerio de Educación Nacional ha establecido, a través de la Resolución 16763 del 30 de septiembre de 2024, los incrementos máximos permitidos para las matrículas y pensiones de los establecimientos educativos privados en el país, que se aplicarán a partir del año escolar 2025.
Esta medida busca regular los costos de la educación privada y garantizar la transparencia en la fijación de tarifas.
La normativa define que los incrementos se basarán en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con corte a agosto de 2024, que se situó en 6.12%.
A partir de este porcentaje, cada colegio podrá aplicar un aumento adicional que varía según varios criterios establecidos por el Ministerio.
Criterios para el Incremento
El incremento se calculará teniendo en cuenta los siguientes factores:
Clasificación por autoevaluación institucional:
- Regulado por certificación de calidad: hasta 0.8% adicional.
- Regulado por autoevaluación: hasta 0.63% adicional.
- Vigilado por autoevaluación: hasta 0.46% adicional.
- Régimen controlado: sin aumento adicional.
Índice de permanencia
- Alto: hasta 0.5% adicional.
- Medio: hasta 0.33% adicional.
- Bajo: hasta 0.16% adicional.
- Educación inclusiva: los colegios que implementen estrategias de educación inclusiva según el Decreto 1421 de 2017 podrán incrementar sus tarifas en un 0.25% si reportan matrícula de estudiantes con discapacidad.
- Escalafón docente: aquellos establecimientos que demuestren que al menos el 80% de sus educadores reciben salarios conforme al escalafón docente establecido en el Decreto 2277 de 1979 podrán aplicar un aumento de 1.6% adicional.
Como resultado de estos criterios, se prevé que el incremento total en los costos educativos para 2025 oscilará entre un 6.28% y un 9.27%.
El menor porcentaje corresponderá a colegios bajo régimen controlado con bajo índice de permanencia y sin aplicar los aumentos adicionales por inclusión y escalafón.
Por otro lado, el porcentaje más alto se aplicará a instituciones con certificación de calidad y altos estándares de permanencia y educación inclusiva.
Transparencia y Regulación
El Ministerio de Educación ha dejado claro que las Entidades Territoriales Certificadas serán responsables de expedir los actos administrativos necesarios para la fijación de tarifas antes de iniciar el proceso de matrícula.
Cada establecimiento educativo debe informar claramente a los padres sobre los porcentajes de incremento aplicables.
Es fundamental que los padres verifiquen el correcto cumplimiento de estos aumentos y se aseguren de que los colegios respeten la normativa.
También se les recuerda que los colegios tienen la autonomía para ofrecer descuentos, los cuales deben estar detallados en los reglamentos o manuales de convivencia y ser comunicados adecuadamente a las familias.
La Resolución 16763 establece que los colegios no pueden retener los informes de evaluación de los estudiantes por falta de pago, a menos que los padres demuestren una imposibilidad de pago justificada.
Sin embargo, bajo ninguna circunstancia podrán suspender la prestación del servicio educativo ni limitar la participación de los estudiantes en actividades académicas.
Además, se prohíbe a los colegios imponer la compra de materiales educativos de marcas específicas, garantizando que las listas de útiles sean divulgadas con suficiente antelación y que haya múltiples proveedores disponibles para las familias.
Reporte de Irregularidades
Los padres que detecten irregularidades en la aplicación de tarifas o en los materiales educativos pueden presentar sus quejas ante la Secretaría de Educación de su jurisdicción.
Es importante que las familias se mantengan informadas y se aseguren de que sus derechos como consumidores educativos sean respetados.
Para más información sobre la Resolución 16763 y los incrementos de matrícula y pensiones para los colegios privados, los padres pueden consultar el enlace oficial proporcionado por el Ministerio de Educación.
Aquí también se puede acceder al Índice de Permanencia para cada establecimiento educativo.
Con estas nuevas regulaciones, el Ministerio de Educación busca fomentar un entorno más justo y transparente en la educación privada, asegurando que los padres y estudiantes reciban un servicio acorde con sus expectativas y necesidades.
