Ministerio público pidió al Tribunal de Santander suspender zona de reserva forestal hasta que se defina la delimitación del Páramo

Ante el Tribunal Administrativo de Santander, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, y los seis alcaldes de la Provincia de Soto Norte, y la comunidad de la región exigió al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible que culmine de manera célere el proceso de delimitación del Páramo de Santurbán, así como respetar los acuerdos ya alcanzados previamente y suspender la zona de reserva declarada ilegalmente, según lo expresado por líderes de las localidades.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Todas estas solicitudes las efectuaron las comunidades y el ministerio público en el marco de una audiencia calificada ahora como crucial, pues tuvo como epicentro el Tribunal Administrativo de Santander donde una de sus magistradas analiza la solicitud de imponer una medida de desacato en contra del Ministerio de Medio Ambiente ante las subsecuentes e interminables prórrogas que ha tenido el proceso de delimitación del Páramo de Santurbán, en particular para la zona de los municipios de Vetas, California, Suratá, Matanza, Tona y Charta.

Una de las intervenciones cruciales durante la diligencia estuvo a cargo de Julio Cesar Rodas Monsalve, Delegado de la Procuraduría General de la Nación para el proceso del incidente de desacato ante el MinAMbiente, quien fue categórico en reclamar a la representante del Tribunal Administrativo de Santander que ponga en cintura a los funcionarios del alto gobierno que en vez de sentarse a conciliar con las comunidades de la zona se han dado a la tarea de victimizar consecutivamente a la población, por ejemplo, con la expedición de la resolución 221 de 2025, mediante la cual se decretó la zona de reserva forestal para una amplia zona de los municipios de la provincia de Soto, profundizando aún más la crisis social y económica en la región, ante la imposibilidad de desempeñar sus habituales labores agrícolas y sus ancestral actividad de pequeña minería, respetando y cuidando los afluentes.

“Sugiero respetuosamente al despacho la adopción de medidas judiciales urgentes: la primera no conceder más prórrogas al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para el cumplimiento de la delimitación del Páramo de Santurbán, evaluando la adopción de medidas judiciales contundentes incluida la posibilidad de iniciar un incidente de desacato para garantizar la efectiva ejecución de la Sentencia T361 del 2017”, indicó el procurador delegado, quien además solicitó durante la diligencia que se considere la posibilidad de adoptar medidas cautelares sobre la resolución 221 de 2025 para que este procedimiento administrativo asegure la primera observancia de los principios de participación ciudadana, publicidad, transparencia y se acoja a los estándares fijados en el acuerdo de Escazú.

“Deseamos que se ordene un proceso de delimitación más ágil, que se cumplan plenamente las garantías de participación de la ciudadanía y que no haya un traslape entre dos actuaciones administrativas que generan confusión y en últimas una inadecuada protección del páramo, teniendo en cuenta que en primer lugar se debe priorizar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, que ya lleva 7 años sin cumplirse y que el proceso surtido de la resolución 221 de 2025 no interfiera u obstaculice el proceso de delimitación del páramo, que es un mandato de la honorable corte constitucional”, puntualizó el procurador delegado Julio Cesar Rodas.