Mintransporte le acrecienta el suspenso a novela de Metrolínea

El conflicto entre el Gobierno Nacional y las administraciones locales por el destino del Sistema de Transporte Masivo del Área Metropolitana de Bucaramanga, Metrolínea, representa un escenario de difícil arreglo y un reto para el transporte público masivo.

La disonancia entre el Ministerio de Transporte y los Alcaldes de Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta deja clara la confrontación entre prioridades nacionales y locales, además le añade más capítulos a esa indigerible novela de Metrolínea.

La determinación del Ministerio, que posee el setenta por ciento de las acciones, en reunión de la junta directiva impidió la liquidación del ente, situación que pone en evidencia el peso de las mayorías y las decisiones centralizadas de la Nación.

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, manifestó la preocupación debido a que la capital santandereana ha asumido sola, por más de un año, los costos operativos del sistema.

Su postura resalta la carencia de respaldo y el abuso que, según señala, se ejerce desde el Gobierno Nacional. La administración municipal presentó todas las gestiones necesarias para avanzar en la liquidación y buscar una reestructuración viable, acciones que se vieron truncadas pese a contar con fundamento legal en la Ley 2069 de 2020.

Este instrumento normativo contempla la causal de "no cumplimiento de hipótesis de negocio en marcha", causal clara para proceder a la disolución de Metrolínea.

La postura de las autoridades nacionales ha sido enérgica. El Ministerio de Transporte, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, rechazaron la propuesta de liquidación durante una asamblea con delegados del Gobierno Nacional.

Esta decisión se oficializó en un comunicado emitido por la Alcaldía de Bucaramanga, donde se denuncia la imposición de la mayoría nacional que vulnera la voluntad de los municipios involucrados.

La contraparte municipal, respaldada por el Concejo, se ha comprometido a emprender acciones jurídicas con el fin de insistir en la disolución del ente gestor.

Además, el gerente de Metrolínea, Emiro Castro, presentó su renuncia irrevocable al cargo. La renuncia se efectuará el 27 de abril y evidencia la inestabilidad que padece la entidad, circunstancia que afecta la credibilidad de la administración del transporte masivo.

El reto mayor radica en establecer un mecanismo sólido de financiación. Los costos operativos han acumulado una deuda cercana a los 4.500 millones de pesos entre enero y marzo de 2025, cifra que pone en riesgo la continuidad del servicio.

La falta de claridad sobre quien asume esa deuda o busca dichos recursos genera inquietud en la comunidad del Área Metropolitana, que reclama un sistema que funcione de forma eficaz y con cierre financiero.

La urgente resolución del conflicto exige plena responsabilidad y coordinación entre todos los actores involucrados, sin dilaciones injustificadas, por-que aquí los únicos perjudicados son los usuarios que ahora se transportan en vetustos y obsoletos buses, con lo cual se pone en riesgo la salud y la vida.