Monumental ‘mamada de gallo’ de Abelardo de la Espriella a Tutela que le ordenó pedirle disculpas a Colombia

La nueva batalla nacional: mientras el país enfrenta problemas de verdad, una tutela terminó llevando al Presidente a pedir perdón por una ceremonia de posesión con expresiones religiosas.

Los opositores en Colombia parecen haber descubierto una nueva prioridad nacional: conseguir que el Presidente de la República pida disculpas porque, durante su posesión, hubo una Virgen de Fátima, sacerdotes, un pastor, un rabino, música sacra y hasta una “invocación y alabanza”.

No es un chiste. Es el resultado de una acción de tutela presentada por Omar Alberto Franco Becerra, quien consideró que la ceremonia de posesión presidencial del pasado 7 de agosto en la Arena USC de Cali vulneró sus derechos a la libertad de culto y de conciencia.

Y así, en una Colombia acostumbrada a que las tutelas intenten resolver desde el acceso a medicamentos hasta problemas estructurales del Estado, apareció una nueva cruzada judicial: revisar con lupa qué tan religiosa fue una ceremonia presidencial.

El juzgado concluyó que el Estado debe mantener una estricta neutralidad religiosa cuando sus funcionarios actúan oficialmente. Hasta ahí, la discusión constitucional es perfectamente legítima. Colombia es un Estado laico y nadie debería ser obligado a profesar una determinada religión.

“Pido disculpas pero la hago de nuevo”

Finalmente, El presidente Abelardo De La Espriella cumplió este domingo con la orden de un juez y ofreció disculpas públicas por la ceremonia de posesión realizada el pasado 7 de agosto en Cali, cuestionada judicialmente por considerar que pudo vulnerar la neutralidad religiosa del Estado.

El mandatario explicó que es creyente, católico y que respeta la separación entre la Iglesia y el Estado. Y, para evitar que una ceremonia presidencial terminara convertida en una nueva batalla campal jurídica, ofreció excusas a quienes pudieron sentirse incómodos u ofendidos.

Cumplió, pues, con la orden. Pero hasta ahí llegó la obediencia. Porque el estratega de su campaña, Carlos Suárez, anunció que el fallo será impugnado y dejó una frase que seguramente hará que más de uno saque nuevamente la toga, el expediente y el diccionario constitucional: “¡Que viva Cristo Rey!”.

Ahora el Presidente deberá abstenerse, según la orden judicial, de incurrir en conductas que puedan evidenciar inclinación hacia la Iglesia católica o cualquier otra confesión. También se ordenó expedir una directiva presidencial para que los servidores públicos respeten la neutralidad religiosa en los actos oficiales.

La medida, desde luego, abre una pregunta que parece salida de una novela burocrática: ¿qué ocurrirá en el próximo acto oficial? ¿Habrá que revisar el libreto para eliminar cualquier “Dios los bendiga”? ¿Se necesitará una comisión especializada para determinar si una canción tiene demasiados acordes religiosos? ¿La oficina de protocolo tendrá que pasarle la lupa a las imágenes, símbolos, invitados y discursos antes de que aparezca otra tutela?

Porque si la vara se lleva hasta el extremo, el próximo funcionario que quiera decir “gracias a Dios” tendrá que mirar primero a su asesor jurídico.

Y mientras tanto, el equipo presidencial decidió no quedarse cruzado de brazos. Suárez cuestionó además el cambio en la competencia para conocer tutelas contra el Presidente y anunció que buscarán que el fallo sea revisado por la Corte Constitucional.

Es decir, la novela apenas comienza. De La Espriella pidió disculpas, pero sus abogados van por la segunda temporada. Y el escenario ya no será la Arena USC de Cali, sino los despachos judiciales.

Lo curioso de todo esto es que nadie discute que Colombia sea un Estado laico. La Constitución de 1991 garantiza la libertad religiosa y obliga al Estado a mantener neutralidad frente a las distintas confesiones.

El debate real está en determinar hasta dónde llega esa neutralidad y en qué momento proteger al Estado laico termina convirtiéndose en una vigilancia permanente sobre las expresiones religiosas de quienes ejercen cargos públicos.

Porque una cosa es impedir que el Estado imponga una religión y otra, bastante distinta, pretender que los funcionarios públicos dejen sus convicciones personales en la puerta de Palacio antes de entrar a trabajar. El Presidente ya pidió las disculpas ordenadas.