Resumen
Ocho congresistas colombianos enfrentan demanda por posible infracción constitucional. Se les acusa de financiar proyectos de infraestructura 4G en Antioquia, lo que podría contravenir la prohibición de celebrar contratos con entidades estatales.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Un polémico escándalo sacude el panorama político nacional luego de que se interpusiera una demanda legal contra ocho miembros del Congreso de la República de Colombia, la cual busca que se declare la pérdida de su investidura. Entre los implicados se encuentran las controvertidas figuras de Paloma Valencia, Esteban Quintero, Andrés Guerra, María Fernanda Cabal, Juan Fernando Espinal, Hernán Darío Cadavid, John Berrio y Julián Peinado Ramírez.
El motivo de la controversia deriva de su contribución a la iniciativa conocida como la 'vaca' para financiar proyectos de infraestructura 4G en Antioquia, lo cual, según el demandante Carlos Mario Patiño, podría contravenir el artículo 180-2 de la Constitución Colombiana que prohíbe a los congresistas celebrar contratos con entidades estatales.
'Los congresistas, al realizar aportes económicos para las vías de Antioquia, habrían gestionado asuntos ante entidades públicas o realizado contratos con ellas, contradiciendo lo dispuesto por la Constitución', señala la demanda. Estos actos pondrían a los legisladores en conflicto con las normas de inhabilidades e incompatibilidades del país.
Los detalles del recurso incluyen pruebas recopiladas de las publicaciones hechas por los propios congresistas en redes sociales, en las que evidencian su apoyo monetario a la causa antioqueña.
La donación, que supera ya los 10.000 participantes según lo divulgado por el gobernador Andrés Julián Rendón, podría encuadrarse legalmente como un contrato, de acuerdo a la interpretación civilista que argumenta que la donación es un acto contractual donde la parte receptora debe aceptar para que dicho acto se perfeccione.
La demanda añadida pone en relieve la posible infracción constitucional, alegando que no importa la naturaleza o formalidad del contrato, sino la participación en sí con una entidad estatal. Los magistrados del Consejo de Estado serán quienes evalúen la pertinencia de la demanda para su estudio.
