Operativos en parques de Bucaramanga para erradicar el consumo de estupefacientes
Resumen
El fallo judicial ratifica el Decreto 007 de 2024, que prohíbe consumir, distribuir y comercializar drogas y consumir alcohol en áreas públicas de Bucaramanga. La medida refuerza la seguridad al establecer un perímetro de 60 metros alrededor de parques y escuelas.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)La Alcaldía de Bucaramanga refuerza medidas de seguridad tras fallo judicial que ratifica el Decreto 007 de 2024.
La sentencia del Juez Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga confirma la legalidad del perímetro de 60 metros que prohíbe consumo, distribución y comercialización de sustancias psicoactivas, así como el consumo de bebidas alcohólicas en parques, escenarios deportivos y establecimientos educativos.
La medida se sustenta en el Plan de Ordenamiento Territorial 2014 y establece restricciones durante todas las horas del día.
La administración local ha registrado antecedentes de demandas contra la medida, lo que condicionó la aplicación de la norma. Ahora, con respaldo judicial, la Alcaldía anuncia un aumento de operativos en los parques de la ciudad.
La autoridad afirma que el objetivo es recuperar los espacios públicos para el disfrute de la comunidad y la seguridad de los niños. La decisión judicial respalda la interpretación integradora aplicada desde el año 2014, lo que confiere consistencia al criterio establecido.
El fallo destaca que Bucaramanga adopta el perímetro más reducido en comparación con otros municipios del área metropolitana.
En Girón y Floridablanca, la medida se implementa con perímetros de 200 y 100 metros, respectivamente, y se aplican en horarios distintos.
La medida en Bucaramanga se erige como ejemplo de respeto a normativas municipales y protección de espacios públicos.
La Policía y la administración local se alistan para intensificar la vigilancia en zonas estratégicas. La acción persigue prevenir la presencia de estupefacientes y bebidas alcohólicas en áreas destinadas al esparcimiento familiar.
La decisión judicial consolida el criterio de seguridad y ordenamiento urbano, y sienta precedentes para la regulación de actividades con impacto en la calidad de vida de la comunidad.