Pareto y el gasto público

Uno de los grandes desafíos que enfrentan los entrantes gobiernos locales y regionales es la escasez de recursos y la creciente deuda. En ciudades como Bucaramanga, la irresponsabilidad fiscal y la pandemia se encargaron de dejar huecos fiscales enormes en el erario, los cuales no sólo deberán empezar a ser solventados en el próximo cuatrienio, sino que serán el punto de partida tomar decisiones en los temas que agobian a la ciudadanía. El principio de Pareto, una herramienta económica valiosa, nos brinda una perspectiva interesante sobre cómo abordar este tema.

También conocido como la regla 80/20, el principio de Pareto establece que, en muchos casos, aproximadamente el 80% de los efectos proviene del 20% de las causas. En otras palabras, que el 80% de los resultados pueden ser conseguidos con el 20% del esfuerzo. En el contexto del gasto público, esto sugiere que una parte significativa de los problemas públicos se pueden atajar con una proporción relativamente pequeña del gasto total. Así, identificar y enfocarse en este 20% crucial podría mejorar significativamente la eficiencia del gasto, más en contextos de austeridad.

La eficiencia de Pareto en economía se refiere a una situación en la que no se puede mejorar la situación de un individuo sin empeorar la de otro. Este concepto se aplica tanto al consumo como a la producción, lo que significa que una asignación de recursos es eficiente, en el sentido de Paret, si no se puede mejorar el bienestar de un individuo sin perjudicar a otro. Este principio destaca la importancia de alcanzar un equilibrio en la asignación de recursos, donde cualquier cambio para mejorar la situación de una parte tiene un costo para otra.

Una de las aplicaciones del principio de Pareto en la gestión del gasto público es la búsqueda de soluciones que maximicen la eficiencia sin comprometer la equidad. Un gran ejemplo de máximos beneficios con pocos recursos es lo que ha alcanzado el sistema educativo vietnamita, el cual ha logrado identificar algunas de las áreas de inversión que generan los mayores beneficios para los estudiantes y la sociedad en general.

Este modelo se ha centrado en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, la formación del profesorado y una inversión estratégica en infraestructura y recursos educativos, obteniendo resultados sobresalientes a un costo relativamente bajo. Así es como han conseguido un sistema competitivo a nivel internacional, a pesar del tamaño de su economía.

Al aplicar estos principios en el contexto local y departamental, es fundamental reconocer las necesidades específicas y las condiciones socioeconómicas de cada región. Esto implica una evaluación cuidadosa de dónde y cómo se gastan los recursos públicos para garantizar que se maximicen los beneficios para la sociedad, siguiendo el enfoque de Pareto de enfocarse en las áreas de mayor impacto.

Es importante recordar que la eficiencia en el gasto público no solo se trata de reducir costos, sino de maximizar el impacto y el bienestar social. Este enfoque requiere una comprensión profunda de las necesidades de la comunidad y una planificación estratégica que considere tanto la eficiencia como la equidad en la distribución de los recursos. Al hacerlo, podemos aspirar a un sistema más justo y efectivo que realmente sirva a las necesidades de la ciudadanía. Pensar Ciudad es considerar todas estas dimensiones en nuestra planificación y ejecución del gasto público, siempre con el objetivo de maximizar el bienestar colectivo y promover un desarrollo sostenible e inclusivo.