Paro que sacude a Santander terminó convertido en una hecatombe social para todo el país

EL FRENTE había anticipado en varias publicaciones durante meses recientes la seriedad del tema que se le avecinaba al gobierno nacional si continuaba con una actitud indiferente frente a la problemática, que si bien tuvo sus primeras banderas de alerta en Santander hoy es una problemática nacional.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

El paro que hoy paraliza buena parte de Santander no nació en la carretera. Se incubó en tablas técnicas, resoluciones silenciosas y cifras que, sobre el papel, parecen frías, pero en el territorio se sienten como un golpe directo al bolsillo, en otras palabras, lo que comenzó como una actualización catastral terminó convertido en una tormenta social que ahora tiene a miles de ciudadanos atrapados entre bloqueos, incertidumbre y cuentas que no cuadran.

En el centro de esta historia está una decisión del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que en 2025 ordenó una actualización masiva y automática de los avalúos rurales en 527 municipios del país. La medida, en teoría, busca corregir un rezago acumulado desde 2018, ajustar los valores del suelo a la realidad del mercado y fortalecer las finanzas territoriales. Pero en la práctica, el efecto ha sido explosivo porque de un día para otro el país despertó con el costo de los impuestos prediales multiplicados, en muchos casos hasta por cientos.

Las cifras hablan por sí solas, pero no alcanzan a dimensionar el impacto real. En algunos casos extremos, los incrementos superan el 100.000 %, algo inusual incluso en procesos de actualización agresiva.

Departamentos como Atlántico encabezan la lista con aumentos que alcanzan el 316.039 % en municipios como Campo de la Cruz, Santa Lucía y Suan. En Bolívar, zonas como Morales superan el 224.000 %. En Cundinamarca, Funza roza el 90.000 %.

Y aunque Santander no lidera el ranking nacional, sus cifras son suficientes para encender la protesta. Municipios como Tona registran incrementos del 32.137 %, mientras que Coromoro alcanza el 19.938 % y Matanza supera el 13.900 %. En términos técnicos, son ajustes derivados de años de desactualización. En términos ciudadanos, son aumentos que transforman de un momento a otro el valor de la tierra… y la carga tributaria asociada.

Es en Santander donde la resolución dejó de ser un documento técnico para convertirse en un problema cotidiano. Campesinos, comerciantes y propietarios rurales comenzaron a ver cómo el valor de sus predios se multiplicaba en papel, sin que eso se tradujera necesariamente en mayores ingresos o capacidad de pago.

El resultado fue inmediato: movilizaciones, bloqueos y un paro que ha afectado la movilidad en varias vías estratégicas del departamento. Las carreteras, convertidas en escenarios de protesta, son hoy el reflejo de una inconformidad que va más allá del impuesto predial. Lo que está en discusión es la forma en que el Estado actualiza la realidad económica del campo sin considerar, según los manifestantes, las condiciones reales de quienes habitan esos territorios.

La lógica del Gobierno vs. la percepción ciudadana

Desde el punto de vista institucional, la actualización tiene una justificación clara. El sistema catastral colombiano arrastra distorsiones históricas. Predios subvalorados, inequidades en la tributación y una base fiscal debilitada que limita la inversión local.

La decisión del IGAC busca corregir ese desfase. Ajustar el valor del suelo a su realidad económica y, con ello, mejorar la capacidad de recaudo de los municipios. Pero ahí es donde aparece la fractura.

Para muchos ciudadanos, el salto entre el valor anterior y el nuevo no es una corrección gradual, sino un salto abrupto que no da margen de adaptación. Aunque la normativa contempla mecanismos de protección, como los límites al crecimiento del impuesto predial establecidos en la Ley 2294 de 2023, la desconfianza persiste.

El temor es que, pese a esos límites, el incremento termine trasladándose de forma progresiva a los bolsillos de los contribuyentes.

El modelo aplicado por el IGAC distingue entre el valor del terreno y el de las construcciones. Los incrementos más fuertes recaen sobre el suelo, calculado por zonas homogéneas geoeconómicas. Las edificaciones, por su parte, se ajustan bajo criterios distintos definidos en el CONPES 4177 de 2025.

Además, la medida no es universal. Quedan por fuera los predios que hayan sido actualizados en los últimos cinco años. Sin embargo, en regiones donde la actualización llevaba más de una década pendiente, el ajuste acumulado es precisamente lo que hoy genera el choque. La fecha clave ya está marcada: los nuevos avalúos entrarán en vigencia el 1 de enero de 2026, eso si el gobierno decide no escuchar el clamor generado desde los bloqueos.