Resumen
Las asociaciones mineras de la provincia de Soto Norte, Colombia, se adhieren al Paro Nacional Minero, protestando contra el Decreto 044 de 2024 que impone restricciones sin participación adecuada de las comunidades. Exigen protección de sus derechos y la formalización de la minería tradicional.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
“Como campesinos de vocación agropecuaria y minera, hemos coexistido cuidado y conservado los recursos naturales durante siglos. Por ello, respaldamos la movilización pacífica organizada por la Federación de Campesinos Parameros del Nororiente Colombiano. Exigimos que el gobierno nacional escuche nuestras demandas y permita el desarrollo de todas las actividades económicas legales en las zonas de alta montaña de nuestro territorio”.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
Las asociaciones mineras Asomical, Asomineros Vetas, Calimineros S.A.S., Asomar, Asomiprosoto y la Asociación Los del Boquete de Soto Norte, en representación de más de 2.000 pequeños y medianos mineros de la provincia de Soto Norte (Santander), anunciaron su adhesión al Paro Nacional Minero que comenzó el 21 de octubre de 2024 en diferentes departamentos de Colombia.
“Nos preocupa profundamente la aplicación arbitraria el Decreto 044 de 2024, emitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que pretende imponer una amplia Zona de Protección de los Recursos Naturales (78.000 hectáreas) en nuestra región, por fuera del Páramo de Santurbán, afectando directamente a más de 35 mil habitantes. Este decreto, y las resoluciones que lo desarrollarán, no han garantizado una participación y concertación efectiva con las comunidades mineras de Vetas, California y Suratá, lo que vulnera nuestros derechos y pone en riesgo la continuidad de una actividad que ha sido el sustento de nuestras familias por más de 470 años de nuestra vocación minera tradicional ancestral”, indicó a EL FRENTE un vocero de las comunidades de Soto Norte, quien expresó que su objetivo es defender la actividad minera ancestral y exigir al gobierno del presidente Gustavo Petro que cumpla con la Constitución y el Acuerdo de Escazú, el cual establece la obligatoriedad de la participación y concertación con las comunidades afectadas por decisiones y políticas ambientales en sus territorios.
Asimismo, exigieron el fin de la estigmatización hacia la actividad extractiva que se realiza con prácticas ancestrales, la cual aseguraron que es digna y parte fundamental de la economía de la región.
“Reclamamos también la protección de nuestros líderes mineros, quienes trabajan por la formalización de la minería en Colombia, frente a un contexto de amenazas y ataques a su labor. Denunciamos que el paro es consecuencia de las políticas nefastas del gobierno actual, entre las que se incluyen la destrucción de maquinaria por parte de la fuerza pública (Decreto 1035 de 2024), las limitaciones ambientales impuestas sin fundamento técnico (Decreto 044 de 2024), y la implementación arbitraria del artículo 47 del Código Nacional de Recursos Naturales para crear áreas de reserva, que ha sido reiteradamente cuestionado y demandado ante altas cortes”, agregó el portavoz de las comunidades mineras de Santander.
Al mismo tiempo, exigieron que el Gobierno Nacional cumpla con los acuerdos firmados y sentencias dictadas en beneficio de los mineros y su formalización como lo establece la Ley, incluyendo la regulación efectiva del Subcontrato de Formalización estipulado en el Decreto 1073 de 2015 y la Ley 1753 de 2015 que en el territorio de California (Santander) ha permitido que 160 familias de mineros, que eran informales, hayan pasado a la legalidad y fuera reconocidos como el mejor modelo de formalización y coexistencia para OCDE en París.
“Defendemos la protección de nuestros municipios, donde descansan las tumbas de nuestros ancestros y nacen las generaciones que continuarán con la actividad minera. Somos parte de una tradición que ha perdurado por más de cuatro siglos y no permitiremos que decisiones unilaterales destruyan nuestro legado”, enfatizaron los voceros de las comunidades de Soto Norte.
Finalmente, rechazamos el oportunismo político de aquellos partidos, funcionarios y congresistas que se presentan como salvadores para obtener beneficios electorales. Si bien es cierto que no representamos a todos los mineros del país, como insisten desde el gobierno y otros sectores, les recordamos que ellos tampoco representan el sentir de toda la nación.
Por la defensa de nuestros derechos y nuestra actividad, nos mantendremos firmes en la movilización.
