Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Por: Juan Pablo Ulloa*. Gustavo Petro sabe lo que quiere y para donde va. El primer trimestre de este año inició la ejecución de una estrategia para que su grupo político continúe vigente e, incluso siga gobernando, después de su período presidencial, sin que esto signifique que él permanezca en el poder más allá de agosto de 2026.
Es evidente que la estrategia tiene como base una especie de “repliegue” ideológico para defender de manera férrea la idea de cambio y justificar por qué no ha logrado concretarla. Para ello, el presidente busca convencer a los colombianos que las instituciones públicas están cooptadas por un una “élite corrupta/neoliberal” que no permite desarrollar la agenda por la cual el país votó en 2022.
Más allá de que tenga razón o no, lo que es cierto es que el presidente ha dado la instrucción a sus funcionarios más comprometidos de que investiguen y denuncien casos de presunta corrupción dentro de las entidades. La intención es visibilizar que algunas cuotas políticas de partidos independientes o mandos medios técnicos hacen parte de esa élite que permea estructuralmente las instituciones.
Por otro lado, con el nombramiento de activistas en algunas entidades clave el Gobierno busca alimentar una confrontación entre las áreas técnicas y los funcionarios convencidos de su ideología. En múltiples carteras se están viendo intensos debates sobre la inviabilidad financiera u operativa de algunas órdenes dadas desde lo más alto del Ejecutivo.
Bajo esta misma línea, el Gobierno también ha recurrido a la búsqueda de desequilibrio, como una táctica “silenciosa” e indirecta para demostrar que las cosas no funcionan producto de dicha élite. Este es el caso de lo sucedido con las intervenciones por parte de la Superintendencia de Salud a tres EPS 24 horas antes que su reforma se hundiera en el Senado.
En ese marco aparece el proceso constituyente como una “solución” contra la élite. El cálculo del Gobierno es que la reforma a la Constitución sea la principal bandera electoral de su grupo político de cara a 2026.
Aquí surgen dos preguntas ¿Qué tan efectiva será la estrategia? y ¿Qué implicaciones tiene en el corto plazo? Desde mi punto de vista, la posibilidad de que Petro tenga éxito es baja-media. Primero, porque el Gobierno parte muy desde atrás en materia de credibilidad; segundo, porque es muy complejo construir una narrativa convincente para el país sobre un enemigo que “no dejó hacer” si se tiene en cuenta que la Presidencia de la República es la instancia de mayor poder.
Respecto a los efectos, la previsión es que sigamos enfrentando dificultades. Primero, es posible que el Gobierno continúe con una postura radical en el trámite de sus reformas en el Congreso. También se anticipa un aumento en la expedición de decretos y resoluciones. Además, es previsible que la eficiencia en la ejecución por parte de las entidades siga siendo deficiente, es decir, una reactivación económica vía inversión estatal no parece factible.
Lo que genera tranquilidad es que, así la estrategia del presidente es efectiva, esta se desarrollaría con elecciones libres y limpias en 2026 gracias a la fortaleza institucional que ha mostrado el país. De hecho, ni la constituyente ni los otros ejes planteados por el presidente se presentan por fuera del orden hoy establecido.
El llamado es a que el Congreso avance en su propia agenda de reformas. De lo contrario, es factible que las discusiones que el país necesita resolver (en materia de salud, pensiones, etc.) se trasladen directamente a la contienda electoral y, en ese sentido, quepan dentro de la narrativa de constituyente, es decir, dentro de la estrategia de Petro. *Consultor experto en asuntos públicos y comunicaciones
