Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su desconcierto ante lo que considera un trato desigual por parte de los órganos de control y la justicia en casos de presunta corrupción. Sutilmente señaló la impunidad en el caso de la exministra TIC, Karen Abudinen, quien, según el mandatario, dejó ir 70.000 millones de pesos destinados a la conectividad de los niños de Colombia.
Petro contrapuso este hecho con la reciente suspensión de tres meses impartida a su ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, por la Procuraduría. Mediante sus redes sociales, Petro se cuestionó: "¿Cómo es posible que no haya habido suspensión alguna en el caso de la exministra y, no obstante, se aplique esta medida al canciller que se opuso a prácticas dudosas en la concesión de contratos públicos?".
A raíz de esta notificación oficial de suspensión, Leyva anunció que se apartará de su cargo a partir del 7 de febrero, conforme a lo estipulado por la Procuraduría. En su declaración, Leyva comunicó su acatamiento a la decisión y su compromiso de retirarse por el plazo dictaminado.
Esta investigación contra Leyva comenzó en septiembre del presente año, y surge de una acción puntual: su decisión de declarar desierta la licitación para la fabricación de pasaportes, algo que, según la Procuraduría, carecía de sustento factico, jurídico y técnico, comprometiendo así la integridad de la contratación estatal.
La suspensión afecta al único proponente para el proceso de licitación fracasado, la empresa Thomas Greg & Sons. Por su parte, el gobierno ha sostenido que no puede comprometerse en un proceso licitatorio cuando solo existe una oferta en juego.
