Petro permitirá vocaciones agrícolas en Santurbán
El Gobierno adoptó una metodología para identificar actividades agropecuarias de bajo impacto en páramos, aplicable también a Santurbán, mientras su delimitación sigue sin resolverse.
El Gobierno adoptó una metodología para identificar actividades agropecuarias de bajo impacto en páramos, aplicable también a Santurbán, mientras su delimitación sigue sin resolverse.
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La protección del páramo de Santurbán continúa siendo uno de los mayores desafíos ambientales del país. Aunque el Gobierno del presidente Gustavo Petro llegó al poder con la promesa de resolver las controversias heredadas en torno a la delimitación de este ecosistema estratégico, cuatro años después el proceso sigue inconcluso y actualmente se encuentra en fase de delimitación participativa, una tarea que ha enfrentado múltiples dificultades técnicas, sociales y jurídicas.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
En medio de ese panorama, los ministerios de Ambiente y Agricultura expidieron una nueva resolución mediante la cual adoptaron la Metodología para la Determinación de las Actividades Agropecuarias de Bajo Impacto en Páramos (MBIP), instrumento previsto en la Ley 1930 de 2018 y que permitirá reconocer las prácticas productivas sostenibles desarrolladas por las comunidades campesinas asentadas en estas zonas de alta montaña.
La decisión, oficializada el pasado 20 de junio de 2026, tendrá aplicación tanto en páramos ya delimitados como en aquellos que todavía se encuentran en proceso de delimitación, como es el caso de Santurbán, considerado uno de los ecosistemas más sensibles del país por ser fuente de abastecimiento de agua para más de dos millones de personas, especialmente en Bucaramanga y el área metropolitana.
La Delimitación sigue sin resolverse
La delimitación de Santurbán ha sido objeto de controversias desde hace más de una década. Las decisiones adoptadas por anteriores gobiernos fueron anuladas por la Corte Constitucional, que ordenó adelantar un proceso con participación efectiva de las comunidades.
Pese a que el Gobierno Petro se comprometió a subsanar las falencias del proceso y avanzar hacia una solución definitiva, el trámite continúa sin concluir y la región permanece bajo un esquema transitorio.
Precisamente, en marzo de 2025 el Ministerio de Ambiente declaró una Zona de Reserva Temporal de más de 75.000 hectáreas en el costado occidental del macizo de Santurbán, medida que fue concebida como un mecanismo de protección mientras se definen las determinantes ambientales definitivas del ecosistema.
La declaratoria comprende territorios de los municipios de Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga, todos ellos ubicados en la provincia de Soto Norte y su área de influencia.
Con esta figura temporal se suspendió el otorgamiento de nuevas licencias ambientales para proyectos de minería a gran escala, incluidos desarrollos asociados a empresas como Minesa y Aris Mining. Sin embargo, se mantuvieron vigentes las actividades de minería tradicional y ancestral que cuentan con respaldo legal.
Igualmente, las labores agropecuarias desarrolladas históricamente por los campesinos de la zona no fueron restringidas, así como tampoco las obras de infraestructura y mejoramiento vial que adelantan las administraciones municipales.
La nueva metodología expedida por el Gobierno nacional busca precisamente identificar cuáles actividades agrícolas y pecuarias pueden considerarse de bajo impacto ambiental y, a partir de esa información, orientar procesos de reconversión y sustitución productiva.
Según el Ministerio de Ambiente, el instrumento servirá como línea base para priorizar programas de apoyo, incentivos y fortalecimiento de las prácticas sostenibles desarrolladas por las comunidades rurales.
La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez Torres, señaló que la resolución representa "un avance político y estratégico" que busca armonizar la protección ambiental con los derechos de las comunidades.
Por su parte, la ministra de Agricultura, Martha Viviana Carvajalino, aseguró que la metodología reconoce el papel del campesinado en la producción de alimentos y en la conservación de la biodiversidad, promoviendo la transición hacia modelos agroecológicos.
La resolución establece que las evaluaciones tendrán un enfoque diferencial para los habitantes tradicionales de páramo y las organizaciones campesinas. Además, las actividades destinadas exclusivamente al autoconsumo familiar no serán objeto de valoración.
El documento técnico que acompaña la metodología será revisado cada tres años por los ministerios de Ambiente y Agricultura, con el propósito de ajustarlo a las realidades territoriales y a las necesidades de las comunidades.
