Petro saca a santandereano de la Unidad de Víctimas en medio de graves cuestionamientos
Resumen
El Gobierno destituyó a Adith Rafael Romero, director de la Unidad de Víctimas, por su falta de experiencia y escándalos recientes sobre corrupción y contratación irregular. Breiner Osorio asumirá el cargo de forma temporal.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El Gobierno nacional declaró insubsistente al barranqueño Adith Rafael Romero Polanco como director general de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, una de las entidades más sensibles del Estado colombiano. La decisión quedó oficializada mediante el Decreto 055 del 22 de enero de 2026, expedido por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
Romero había asumido el cargo en mayo de 2025, en una designación que desde el inicio estuvo rodeada de fuertes críticas por su perfil profesional y la falta de experiencia técnica para dirigir una entidad encargada de atender y reparar a más de nueve millones de víctimas del conflicto armado.
Medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil señalaron entonces que gran parte de su trayectoria laboral había estado ligada a labores de escolta, lo que despertó dudas sobre su idoneidad para liderar una política pública de alta complejidad.
Con la salida de Romero, las funciones de la Dirección General de la Unidad de Víctimas serán asumidas de manera provisional por Breiner Rafael Osorio Pinto, actual asesor del despacho del director del DPS, mientras el Gobierno define un nuevo nombramiento en propiedad.
La remoción se produce en un momento particularmente delicado para la entidad. En los últimos días han salido a la luz varios escándalos relacionados con su operación y su esquema de contratación.
La senadora y aspirante presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, denunció la adjudicación de un contrato por 112.455 millones de pesos, mediante contratación directa, a una unión temporal que no tendría experiencia jurídica acreditada para prestar servicios de defensa judicial a la Unidad.
El caso encendió alertas sobre los controles técnicos y los mecanismos de supervisión en la contratación pública de la entidad.
A esto se suman investigaciones periodísticas publicadas por medios nacionales e internacionales, como la revista Semana y el diario El País de España, que han advertido sobre un presunto entramado de corrupción y reparto de cuotas políticas al interior de la Unidad de Víctimas.
