Resumen
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El ministerio público elevó ante varios entes territoriales de Santander confirmar los protocolos para la prestación del servicio del PAE debido a que durante una visita reciente del Invima a algunas plantas de alimentos se evidenciaron niveles elevados de lactosuero, sustancia que se estaría usando presuntamente para aumentar el volumen de la leche.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
Frente a los resultados de estudios efectuados por el Invima, que refieren el presunto uso de una sustancia para aumentar el volumen de la leche en uno de los alimentos complementarios entregado en el PAE en Santander, la Procuraduría General de la Nación requirió al gobernador y a tres alcaldes municipales, adelantar las acciones de su competencia para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos que componen estas raciones.
En este contexto, el Ministerio Público recordó la responsabilidad de los gobernadores y alcaldías frente a la calidad de los alimentos que entregan proveedores y operadores del PAE.
Según lo referido por el ente de control, recientes inspecciones del instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) a una planta de la empresa Alimentos Pippos SAS, proveedor del insumos PAE, evidenció niveles elevados de lactosuero en la leche, arrojando resultados “no conformes” en muestras tomadas y en 3 productos frente al requisito de contenido en leche entera ultra alta temperatura UAT (UHT) larga vida.
Los productos analizados durante la visita fueron: “Leche Entera Ultra Alta Temperatura Uat (Uht) Larga Vida, Marca Aro”, “Leche Entera Ultra Alta Temperatura Uat (Uht) Larga Vida, Marca Lelé” y “Leche Entera Ultra Alta Temperatura Uat (Uht) Larga Vida, Marca Medalla De Oro”
Frente al hecho, el gobernador de Santander y a los alcaldes de Bucaramanga, Barrancabermeja y Piedecuesta deberán informar a la procuraduría si la mencionada empresa es proveedor del PAE y de ser así, indicar las medidas que aplica la administración para garantizar la calidad y seguridad alimentaria frente a las condiciones y prácticas de los alimentos; logrando con ello el acceso y permanencia escolar de los niños y las niñas beneficiarios del programa.
Además, el órgano de control insistió a todos los mandatarios que, las acciones de inspección, vigilancia y control del PAE en materia de sanidad y salud pública, son competencia de las entidades territoriales y es de obligatorio cumplimiento adelantarlas con estricto apego a la normativa vigente del Ministerio de Salud y Protección Social, del Invima y de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar -Alimentos para Aprender-.
Ante la grave situación, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, precisó que, de manera conjunta con la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, continuarán adelantando acciones preventivas y requiriendo a las autoridades competentes, las actuaciones para que se garanticen los derechos fundamentales de los beneficiarios PAE, verificando los procesos contractuales y solicitando al Ministerio de Educación, información frente a los trámites para la asignación de recursos y la distribución de los recursos adicionales solicitados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
