Plantón en MinAmbiente contra zona de reserva en Santander: radican 8 mil firmas pidiendo mesas de concertación con la nueva Ministra y suspender la prohibición a la minería legal

Más de 40 organizaciones mineras, comunales y sociales de Santander radicaron ante el Ministerio de Ambiente un documento respaldado por 8.000 firmas en rechazo a la Resolución 0221 de 2025, que declara una Zona de Reserva Temporal (ZRT) de 75.000 hectáreas, por fuera del Páramo de Santurbán, y afecta a 35 mil personas de los 6 municipios de la Provincia de Soto Norte y Bucaramanga.

Los manifestantes, le solicitaron respetuosa pero vehementemente a la nueva Ministra, Lena Estrada, que suspenda la polémica restricción y abra mesas de concertación con las comunidades afectadas, y evite un "daño económico y social irreparable para todos los municipios", como lo señaló la Gobernación de Santander.

Las solicitudes de las comunidades se dieron en medio de un plantón pacífico en el que participaron más de 500 campesinos, agricultores, pequeños mineros legales e informales, líderes sociales y comunales, que viajaron por más de 12 horas en bus desde Santander hasta Bogotá, para manifestarse en contra de la resolución expedida por la ex ministra Susana Muhamad el último día de su gestión.

Los campesinos y mineros enfatizaron en las inconsistencias legales, jurídicas y técnicas de la polémica resolución, la cual fue señalada y fuertemente criticada por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Santander, los 7 alcaldes de los municipios afectados incluido Bucaramanga, diputados, concejales, organizaciones sociales y comunales, y la Asociación Colombiana de Minería (ACM), entre otros.

Según denunciaron las comunidades, la resolución fue expedida sin concertación con la población afectada como lo ordenan el Acuerdo de Escazú y tres sentencias de la Corte Constitucional, vulnerando varios derechos fundamentales, como el derecho a la participación ciudadana, al arraigo cultural y al trabajo digno.

El acto de radicación de firmas estuvo acompañado por líderes mineros legales e informales, representantes de asociaciones comunitarias y delegados de seis municipios afectados: California, Suratá, Matanza, Tona, Charta y Vetas. También se hicieron presentes voceros del Gran Pacto Social por California (GPS), Firmes Santurbán, Dignidad Minera, Asomineros, Asomical, Asomar, Calimineros, Asomiprosoto, Los del Boquete y Asociación Minera de Suratá entre otras

organizaciones.

Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas y la Fundación Dignidad Minera, expresó que "De afán y a pesar de estar impedida, la exministra Muhamad firmó una resolución inconsulta e inconstitucional. La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo ya señalaron que la decisión carece de sustento técnico, y violó nuestros derechos. Estamos aquí para pedirle encarecidamente a la nueva ministra, Lena Estrada, que corrija los errores cometidos por su antecesora, que nos escuche, que cumpla con sus anuncios de tener un ministerio abierto al diálogo y la participación, y que reconsidere suspender la aplicación de esta medida que nos condena a la ilegalidad, la pobreza y el desplazamiento".

Por su parte, Fabio Maldonado, presidente del Consejo para el Desarrollo de Soto Norte, dijo que "no queremos irnos de nuestro territorio ni permitir que nos obliguen a dejar de ser mineros. Nosotros queremos vivir en la legalidad, ser formales, y hacer nuestras actividades por fuera del Páramo y bajo toda la vigilancia del Estado. *La prohibición que nos imponen solo trae inseguridad, va aumentar la contaminación, y abre la puerta a la llegada de grupos ilegales".

Llamado al diálogo con

la nueva Ministra de Ambiente

Con la radicación de las mas de 8 mil firmas de personas afectadas por esta determinante, el plantón pacífico, y las multitudinarias marchas realizadas días atrás en Bucaramanga, las organizaciones comunitarias buscan apelar al compromiso por la participación y el diálogo que la nueva Ministra de Ambiente, Lena Estrada, ha mostrado en sus primeras semanas al frente de esta cartera; además, buscan que el Ministerio instale mesas de concertación junto con la comunidad para evaluar la suspensión o ajustes a la Zona de Reserva Temporal.

Para este proceso, los habitantes de Soto Norte proponen la participación de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Santander, los seis alcaldes de la provincia de Soto Norte, el Alcalde de Bucaramanga, la Contraloría delegada para la participación ciudadana, la CDMB, y otros garantes institucionales.

“El diálogo es clave para evitar más conflictos y encontrar soluciones sostenibles. Exigimos una concertación real, con todas las comunidades, para corregir este grave atropello y evitar que más familias queden en la incertidumbre”, manifestó Edwin Blanco, presidente de la Asociación de Juntas de Suratá.

De igual manera, los habitantes pidieron a la Ministra que finalice la delimitación del Páramo de Santurbán, un proceso ordenado por la Corte Constitucional en 2017 y que sigue sin completarse después de más de ocho años de retraso.

“La delimitación es clave para definir con certeza qué zonas deben protegerse y cuáles pueden destinarse a actividades económicas sostenibles. No se puede seguir improvisando con medidas que afectan la vida de más de 35.000 habitantes de la región. En Vetas, California y Suratá ya llegamos a un concertación con el Estado, ya quedó definida la delimitación, y no puede ser que ahora este Gobierno la quiera desconocer. Confiamos en que la ministra Estrada no dilatará ni entorpecerá más este proceso, como lo hizo al ex ministra Muhamad”, agregó Ivonne González.

Las organizaciones anunciaron que, en caso de no recibir respuesta del Ministerio en los próximos días, intensificarán sus acciones legales y de protesta social. También buscarán que en sus territorios se convoque a una consulta popular que permita decirle no a las restricciones a la minería legal.

Las comunidades de Soto Norte reiteran su disposición al diálogo y su compromiso con una minería responsable y regulada, pero exigen que cualquier decisión sobre su territorio sea tomada con su participación y basada en estudios técnicos rigurosos, lo cual, como lo señalaron la Procuraduría, la Defensoría y la Gobernación de Santander, no sucedió en el caso de la resolución de reserva temporal de Soto Norte.