Polémica en otorgamiento de becas para posgrados del Ministerio TIC y el Icetex: cuestionamientos y respuestas oficiales

La reciente asignación de becas para posgrados financiada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Icetex ha desatado controversia por supuestas irregularidades. Beneficiarios, entre los que se cuentan empleados de entidades gubernamentales y universitarias, han sido señalados por no pertenecer a los grupos prioritarios que la convocatoria pretendía favorecer.

La convocatoria, enfocada en otorgar hasta el 50% de las becas a mujeres y poblaciones de especial protección, ha sido cuestionada por no cumplir con su cometido. A pesar de que el Icetex asegura que 'el 49% de los beneficiarios aprobados correspondió a dicha población', casos concretos de personas con discapacidad y víctimas de conflictos que cumplían con los requisitos levantan sospechas al verse excluidos del programa de becas.

Fernando Granados, un aspirante excluido y miembro del registro nacional de discapacidad, manifestó su decepción: 'Soy discapacitado y no salí beneficiado, eso me indica que no hicieron la priorización que estaba en los términos.' Su frustración es compartida por muchos que, después de haber cumplido con el proceso y la inversión económica, se encontraron con que no se les dio prioridad.

Las irregularidades denunciadas sugieren anomalías desde el inicio del proceso de selección, con una adjudicación de créditos condonables marcada por una serie de plazos establecidos entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Sin embargo, la rapidez y la opacidad han levantado sospechas, especialmente cuando la Universidad del Norte anunció un alto porcentaje de estudiantes beneficiados, lo que dejaba fuera a un considerable número de solicitantes.

El Ministerio TIC respondió a las inquietudes, alegando que la selección se basó en criterios establecidos y la fecha de inscripción: 'Las condiciones mínimas permitían que cualquier profesional del país pudiera aspirar...'. Sin embargo, estudiantes afectados señalan incongruencias, debido a que hubo una cláusula que permitía cerrar el plazo de inscripciones anticipadamente si se superaba en un 20% la cantidad de recursos disponibles.