Resumen
El Consejo de Estado condenó a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a indemnizar a los familiares de dos ciudadanos muertos en un operativo en Salento, Quindío, en 2009, por uso excesivo de fuerza. Aunque se descartó una ejecución extrajudicial, se probó el daño desproporcionado.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El Consejo de Estado condenó a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a reparar a los familiares de dos ciudadanos muertos en un operativo adelantado para repeler la extorsión de la que venía siendo víctima una persona en Salento (Quindío), en enero del 2009.
Por esos hechos, el Tribunal Administrativo del Quindío había condenado a las autoridades demandadas. Las halló responsables de un uso excesivo de fuerza, durante el operativo que protagonizaron agentes del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y el Ejército.
Contra esa decisión, las entidades condenadas interpusieron recurso de apelación, alegando el ejercicio del uso legítimo de la fuerza, como respuesta a un ataque previo perpetrado por las víctimas directas de los hechos. La parte actora hizo lo propio, señalando que se trató de una ejecución extrajudicial y no de bajas producidas en combate.
El Consejo de Estado ratificó que, según pruebas allegadas al expediente, está desvirtuado que se hubiera producido una ejecución extrajudicial. Ello se explica porque la orden de tareas que dio lugar a la ejecución del operativo se originó en la denuncia que formuló un ciudadano víctima de extorsión por parte de personas que se identificaron como integrantes de las Farc. A ello se suman testimonios que identificaron a una de las víctimas como asociada a extorsiones ejecutadas por el grupo subversivo en la región.
A juicio de la sala, lo expuesto permite inferir que no se trató de un combate simulado. Sin embargo, señaló que también se probó el uso desproporcionado de la fuerza, teniendo en cuenta la ventaja numérica de armamento y el factor sorpresa con el que contaban los agentes estatales responsables de la ejecución del daño. Esto conduce a reconocer la necesidad de resarcir los perjuicios morales sufridos por los familiares de las personas muertas en el operativo.
