Prosperidad Social impulsa la reparación de 79.229 víctimas de desplazamiento en Santander
Resumen
El Gobierno y Prosperidad Social rediseñan políticas para apoyar efectivamente a 1.8 millones de víctimas del desplazamiento con transferencias monetarias, destacando Renta Ciudadana como pilar clave en la lucha contra la pobreza y reforzando la cohesión social.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Prosperidad Social y el Gobierno Nacional ajustaron el diseño de sus políticas y programas con el fin de ofrecer soluciones duraderas a las víctimas del conflicto armado.
El director de la entidad, Gustavo Bolívar Moreno, recordó que el rediseño de estas iniciativas refleja el compromiso del Gobierno del Cambio con la reconstrucción definitiva de los proyectos de vida de la población desplazada internamente en el país.
En Santander, la atención vigente cubre a 79.229 personas víctimas de desplazamiento forzado. Ese número incluye 9.408 adultos mayores beneficiarios de la ayuda económica de Colombia Mayor; 18.985 hogares priorizados en el programa de Devolución del IVA; 46.579 titulares de Renta Ciudadana; y 4.257 jóvenes inscritos en Renta Joven.
Prosperidad Social gestiona y distribuye dichos recursos en coordinación con las alcaldías y las organizaciones de víctimas del departamento.
A nivel nacional, Renta Ciudadana concentra el mayor volumen de población víctima atendida. Durante 2024, 1 800 000 personas desplazadas recibieron acompañamiento de ese programa, pilar central del sistema de transferencias con el que el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida” busca reducir la pobreza y fortalecer el bienestar social. Los demás programas alcanzaron cifras relevantes: Colombia Mayor benefició a 382 356 víctimas; Devolución del IVA, a 786 782; y Renta Joven, a 83 434. Para sostener esas ayudas, Prosperidad Social invirtió 1,4 billones de pesos del presupuesto asignado al sector social.
El presidente Gustavo Petro y el director Bolívar Moreno subrayaron la necesidad de que las transferencias estatales fortalezcan la capacidad de las comunidades para superar la dependencia de la asistencia.
En ese marco, Prosperidad Social participó en la formulación del documento Conpes de Soluciones Duraderas para la Población Desplazada, en alianza con la Unidad para las Víctimas y el Departamento Nacional de Planeación.
El Conpes de Soluciones Duraderas articula tres líneas de intervención: coordinación interinstitucional efectiva entre entidades nacionales y territoriales; aplicación de los principios de concurrencia y complementariedad para optimizar recursos; y adecuación de la oferta programática, de modo que los servicios sociales respondan a las necesidades específicas de la población víctima.
Gustavo Bolívar señaló que esa política pública promoverá la cohesión social y facilitará la estabilización de proyectos de vida que han quedado truncos por el desplazamiento.
El propósito de la nueva política pública consiste en mejorar los procesos de articulación entre el nivel nacional y los municipios, avanzar en la estabilización socioeconómica de las víctimas desplazadas y garantizar servicios sociales pertinentes.
Se espera que esa ruta permita atender de forma sostenida las vulnerabilidades derivadas del desplazamiento y contribuya a la disminución de brechas de inequidad.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2023 la incidencia de la pobreza monetaria entre las víctimas de desplazamiento forzado alcanzó el 47,2 %, cuatro puntos porcentuales menos que en 2022, pero casi catorce puntos por encima de la tasa registrada para el conjunto de la población (33,0 %).
La pobreza extrema entre la población desplazada llegó al 17,8 % en 2023, lo que supera en 6,4 puntos porcentuales la incidencia nacional de ese nivel de privación.
El análisis de esas cifras confirma que las víctimas del conflicto armado enfrentan niveles de inequidad superiores a la media nacional.
La combinación de transferencias monetarias y la puesta en marcha de una política pública de soluciones duraderas representa un esfuerzo sistemático por cerrar esas brechas.
La entidad y el Gobierno confían en que la ejecución del Conpes de Soluciones Duraderas impulse la reparación integral, fortalezca la cohesión social en los territorios y allane el camino hacia la paz total.
