Rechazo unánime de expresidentes colombianos a la propuesta de constituyente de Gustavo Petro

En un giro inesperado hacia la política nacional, la controversial iniciativa del actual mandatario colombiano Gustavo Petro de convocar a una asamblea constituyente, fundamentada en el acuerdo de paz de 2016, ha desencadenado una ola de críticas por parte de los expresidentes del país. Estos líderes, a pesar de sus divergencias pasadas, han encontrado un territorio común en su compromiso con la Constitución Política vigente.

El primer exmandatario en manifestarse fue Juan Manuel Santos, quien señaló la absurdez de usar el acuerdo de paz como vía para una nueva constituyente, una posición que ganó visibilidad tras publicarse en redes sociales. En sus declaraciones, "Cualquier intento de hacerlo por otra vía se enfrentaría con la gran mayoría de los colombianos", subrayando que la voluntad política y las herramientas existentes son suficientes para cumplir con el proceso de paz.

A esta perspectiva se unieron las preocupaciones expresadas por los exjefes de estado, Iván Duque Márquez y Álvaro Uribe Vélez. Duque hizo énfasis en el respeto a las normativas legales y el rechazo a extender el mandato presidencial más allá de lo estipulado, mientras que Uribe condenó la gestión de Santos en el proceso de paz y vinculó dicha decepción a un apoyo implícito a la propuesta de Petro. "El país unido rechazará cualquier intento de romper con la legalidad", destacó Duque ante la comunidad.

Finalmente, Ernesto Samper Pizano, a pesar de simpatizar con muchas de las políticas de Petro, delineó claramente su posición contraria a la constituyente propuesta fuera de los canales formales. "Sería una constituyente de facto, un salto al vacío de la institucionalidad", aseguró, defendiendo la adherencia a los artículos respectivos de la Constitución.

Estas respuestas de los exmandatarios delinean un panorama político nacional que, si bien se encuentra dividido en ciertas políticas, converge en la defensa de las normativas constitucionales frente a percepciones de posibles amenazas a la estabilidad legal del país.