Red de extorsionistas operaba desde las cárceles y habrían timado unos 4.900 millones de pesos
La Fiscalía descubrió una presunta red de extorsión desde cárceles, con más de $4.900 millones movidos mediante perfiles falsos, amenazas y lavado de activos.
La Fiscalía descubrió una presunta red de extorsión desde cárceles, con más de $4.900 millones movidos mediante perfiles falsos, amenazas y lavado de activos.
Los puntos clave serán generados automáticamente por IA y revisados por la redacción de El Frente.
El contexto histórico y los antecedentes serán generados a partir del archivo periodístico de El Frente.
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Una red de extorsión que habría operado desde la cárcel La Picota y otros centros penitenciarios quedó al descubierto tras una investigación de la Fiscalía, que rastreó más de 631.000 operaciones financieras y estableció movimientos superiores a 4.900 millones de pesos.
De acuerdo con el ente acusador, la organización utilizaba celulares y aplicaciones para contactar víctimas en distintas regiones del país.
Una de las modalidades consistía en crear perfiles falsos de mujeres mediante WhatsApp, ofrecer supuestos servicios sexuales y obtener fotografías íntimas.
Después, los responsables recurrían a montajes, amenazas y exigencias económicas para evitar la divulgación del material.
La investigación permitió identificar 43 noticias criminales y seguir el recorrido del dinero, desde billeteras digitales y cuentas de terceros hasta retiros en efectivo y compras de bienes. Al menos 2.000 millones de pesos habrían sido ocultados durante menos de cuatro años.
La Fiscalía señaló como presunto cabecilla a Fabián Viracachá Ballén, alias 'El Don' o 'Pluma', quien permanece privado de la libertad y tendría control sobre el entramado desde el pabellón 6.
Según la investigación, familiares suyos también habrían facilitado el movimiento de recursos y la adquisición de activos.
Las autoridades identificaron seis inmuebles y cuatro vehículos en Bogotá, municipios de Cundinamarca y Restrepo, Meta, que serían objeto de medidas cautelares con fines de decomiso.
Además, el CTI y la DIJIN capturaron a tres familiares. Un juez de control de garantías recibió las imputaciones por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, amenazas, concierto para delinquir y suplantación de identidad.
