Alcalde Cristian Portilla respalda el ingreso a las Universidades de la Fuerza Pública durante actos violentos de los estudiantes
El alcalde Cristian Portilla respaldó el ingreso de la Fuerza Pública a universidades cuando haya actos violentos o vandálicos.
El alcalde Cristian Portilla respaldó el ingreso de la Fuerza Pública a universidades cuando haya actos violentos o vandálicos.
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El Alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, respaldó la decisión del Gobierno nacional de establecer reglas para permitir la intervención de la Fuerza Pública ante hechos de violencia o vandalismo relacionados con universidades públicas, al advertir que la autonomía académica no puede convertirse en protección para quienes cometan delitos.
El pronunciamiento surgió después del anuncio del presidente Abelardo De La Espriella, quien ordenó diseñar un protocolo para diferenciar las protestas pacíficas de las acciones que incluyan ataques contra ciudadanos, infraestructura o uniformados.
Según esa directriz, la Policía Nacional tendrá la primera respuesta operativa frente a situaciones de violencia.
Portilla sostuvo que las universidades deben conservar su función como espacios de educación, formación y debate, pero rechazó que sus instalaciones sean usadas para planear agresiones o alterar el orden público.
“La academia, las universidades, no es impunidad para el delito”, afirmó el mandatario.
El Alcalde también defendió a los estudiantes que cumplen sus actividades académicas y cuestionó a quienes, según señaló, utilizan la condición de estudiantes para participar en actos vandálicos.
A su juicio, estas conductas perjudican a miles de jóvenes que buscan formarse en Bucaramanga.
La posición del mandatario local se suma a la discusión nacional sobre los límites entre la autonomía universitaria, el derecho a la protesta y la actuación estatal frente a delitos.
El Gobierno nacional ha señalado que las manifestaciones pacíficas mantendrán su protección, mientras las agresiones, daños y demás acciones ilegales tendrán respuesta de las autoridades competentes para proteger a la ciudadanía y garantizar el orden institucional.