Resumen
El Ministerio de Hacienda de Colombia advierte que la reforma de la salud podría costar al país hasta 143 billones de pesos para 2033. Esto podría ser incorporado al Marco Fiscal de mediano plazo, solo si el Consejo Superior de Política Fiscal aprueba el proyecto.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El Ministerio de Hacienda envió al Congreso de la República el concepto jurídico sobre el impacto fiscal que tendría la reforma de la salud, virtualmente hundida durante largos debates en la Comisión VII del Senado. Según el documento firmado por María Fernanda Valdés, viceministra técnica de esa cartera, en el año 2025 el sistema de salud, le costará al país 105 billones de pesos y en el 2033 el gasto sería de 143 billones de pesos.
Los costos fiscales mencionados podrían incorporarse de forma compatible con el Marco Fiscal de mediano plazo, que es la norma vigente desde hace varios años, para evitar el derroche de recursos económicos, que puede ocurrir a partir de la aprobación de la reforma. siempre que el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) apruebe el proyecto.
Enterrar la reforma de la salud es el único camino que le queda a la democracia colombiana, para evitar el colapso de la red hospitalaria nacional, que se soporta con las cuotas de seguridad social que pagamos los contribuyentes. La opinión pública se pregunta por qué el presidente de la república persigue a los operadores privados de los servicios de salud, que les han garantizado a cincuenta millones de personas sus servicios de salud.
El presidente de la república es víctima de toda clase de contradicciones, tratando de ocultar los pecados capitales de su administración y de su familia, que derrocha a manos llenas los recursos económicos del nivel central, creando una inmensa burocracia diplomática, alrededor de ciento ochenta nuevos cargos en embajadas y consulados, mientras la primera dama de la nación, doña Verónica Alcocer, se da la gran vida con viajes al exterior y con los privilegios que le depara su condición social.
Cuando el congreso de la república expidió la ley 100 de 1993, se obtuvo la protección en salud para todos los colombianos, en igualdad de condiciones. Los que todavía reclaman un régimen especial en salud son los miembros del Sindicato de Fecode, a buena cuenta del aporte de quinientos millones de pesos que aportaron a la financiación de la campaña presidencial.
El despilfarro se ha convertido en uno de los problemas mas graves de la administración central, mientras se quedan sin ejecutar los grandes proyectos de obras públicas. Gran parte de las obras que debían ejecutarse el año pasado quedaron aplazadas para posteriores vigencias, bajo el argumento del ministro de hacienda del presunto agotamiento de las reservas monetarias de la nación, que acusan bancarrota. ¿Y entonces, uno se pregunta, por qué el gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro, quiere pensionar con recursos de la nación a tres millones de personas, que nunca han pagado las cuotas de sostenimientos del Fondo Pensional de la Nación, si no es rompiendo la alcancía de barro que representa la denominada ‘Renta Fiscal’?
