Reino Unido aplicará castración química a delincuentes sexuales
Resumen
El Reino Unido lanzará un plan para aplicar la castración química en delincuentes sexuales, buscando reducir la reincidencia y aliviar la sobrepoblación carcelaria. Comenzará en 20 prisiones y estará acompañado de intervenciones psicológicas para abordar causas delictivas.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El gobierno británico anunció este jueves la implementación de la castración química en delincuentes sexuales como parte de un ambicioso paquete de medidas orientado a reducir la reincidencia criminal y aliviar la sobrepoblación en las cárceles del país.
Según declaró la secretaria de Justicia, Shabana Mahmood, ante el Parlamento, el uso de medicamentos para suprimir el deseo sexual se aplicará inicialmente en 20 prisiones de dos regiones, como complemento a intervenciones psicológicas diseñadas para abordar causas subyacentes de la conducta delictiva, como el afán de poder y control.
“Estoy explorando si es posible imponer este enfoque”, afirmó Mahmood. “Por supuesto, es vital que se implemente junto con intervenciones que aborden otras causas del delito”.
Los estudios citados por el Ministerio de Justicia sugieren que este tratamiento puede reducir la reincidencia en hasta un 60%. Aunque la medida no se aplicaría a todos los ofensores sexuales —como aquellos motivados por el control más que por la compulsión sexual—, el gobierno considera que puede ser eficaz para una proporción significativa de los casos.
La castración química ya se ha utilizado en países europeos como Alemania y Dinamarca de forma voluntaria, y de manera obligatoria en Polonia. En el Reino Unido, su implementación formará parte de una revisión integral del sistema de justicia penal, liderada por el exsecretario de Justicia David Gauke.
La iniciativa surge en medio de una creciente crisis carcelaria: la población penitenciaria de Inglaterra y Gales se ha duplicado en las últimas tres décadas, alcanzando casi 90.000 internos. La situación se ha agravado por la falta de plazas y el endurecimiento de las penas, pese a que las tasas generales de criminalidad han disminuido.
Para contrarrestar este panorama, el gobierno también contempla otras reformas estructurales. Entre ellas, se plantea eliminar las condenas de menos de 12 meses, salvo en casos excepcionales como la violencia doméstica; permitir mayor flexibilidad a los jueces para imponer sanciones alternativas, como prohibiciones de conducir; y fomentar la liberación anticipada en ciertos casos.
Asimismo, se propone la deportación inmediata de extranjeros condenados a penas de hasta tres años, y una mayor inversión en el sistema de libertad condicional. Mahmood confirmó que el Ejecutivo destinará 700 millones de libras esterlinas (unos 930 millones de dólares) anuales en los próximos años para reforzar este servicio.
“Si el gobierno no destina los recursos necesarios a la libertad condicional, corremos el riesgo de no avanzar en la rehabilitación y provocar una reacción pública adversa”, advirtió Gauke.
La oposición conservadora, sin embargo, rechazó las propuestas. El portavoz de Justicia del Partido Conservador, Robert Jenrick, criticó duramente la eliminación de las penas cortas, argumentando que “equivale a despenalizar delitos como el robo, el hurto y la agresión”. Además, puso en duda la eficacia de los dispositivos de seguimiento electrónico, comparándolos con “detectores de humo que apagan incendios” en lugar de prevenirlos.
En paralelo a las reformas, el gobierno también ha confirmado un programa de construcción de nuevas prisiones, con el objetivo de modernizar la infraestructura carcelaria y reemplazar centros penitenciarios obsoletos, algunos en funcionamiento desde la época victoriana.
El debate sobre la aplicación de la castración química y la reforma penitenciaria ha reavivado las tensiones políticas en el Reino Unido, marcando un nuevo capítulo en la política de justicia criminal tras el regreso del Partido Laborista al poder en julio pasado.
